La activación de las Zonas de Bajas Emisiones, exige a los ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes poner cámaras para controlar y sancionar a los conductores que no cuenten con permisos especiales para circular. Son cámaras para sancionar, no para seguridad.

El PSOE dice que va a comprar cámaras, pero no sabe dónde va a ponerlas, ni cuándo se instalarán y encima carecen del permiso para poder ponerlas en funcionamiento, una exigencia que puede prolongarse durante varios meses.

El Partido Popular considera ridículo que el PSOE disfrace de "cámaras de seguridad" lo que son lectores de matrículas para multar a los conductores que accedan a las calles que han marcado como Zonas de Bajas Emisiones en el casco urbano.

La Ley de Cambio Climático impone que el control del acceso a estas zonas se llevará a cabo con cámaras lectoras de matrículas. Estas calles tendrán acceso y circulación restringidos, así como el estacionamiento de vehículos, llegando a estar incluso prohibido el paso a determinados conductores.

El Ayuntamiento está obligado a poner en marcha las cámaras en enero para controlar el tráfico en las Zonas de Bajas Emisiones, es decir, para CONTROLAR y MULTAR a los ciudadanos que entren con sus coches en las calles elegidas por el actual gobierno local, que, de acuerdo con lo que hemos podido averiguar hasta el momento, serán avenida Juan Carlos I y Nogalte.

Las cámaras de videovigilancia, las de verdad, tendrían que estar funcionando desde hace 3 años y medio, pero el PSOE optó por gastarse el dinero que estaba reservado para su puesta en marcha en otras cuestiones, lo que evidencia que las declaraciones esconden la verdad y encima las disfrazan de anuncia claramente electoralista.

El actual gobierno sanchista ha sido incapaz de poner en funcionamiento estas cámaras pesar de que heredó el sistema implantado y con los permisos necesarios en varias calles del casco urbano, gracias a las gestiones llevadas a término por Fulgencio Gil.

Está claro que no se han tomado en serio los problemas de inseguridad ciudadana que existen en el municipio, hasta el esperpento de afirmar que ahora van a poner cámaras de vigilancia pese a reconocer que no saben ni dónde, ni cuándo, que no está consensuado con la Policía, y que ni siquiera tienen los permisos necesarios, cuya obtención requiere de una tramitación que se puede prolongar meses. Estas improvisaciones confirman que la gestión de la seguridad se les ha ido completamente de las manos y ya no saben qué hacer.