La concejala de esta formación, Gloria Martín, ha pedido al alcalde de Lorca, Diego José Mateos, que aproveche su estancia en Fitur para poner de acuerdo a la ministra competente y al presidente autonómico, Fernando López Miras, que se diriman las responsabilidades de esta situación y que se pague "de una vez por todas" a las familias afectadas
La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha sugerido al acalde de la localidad, Diego José Mateos (PSOE), que aproveche su estancia en Fitur para tomarse un café con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antes Fomento), Raquel Sánchez, de su partido, y con el presidente autonómico Fernando López Miras (PP), para que "entre los tres se pongan de acuerdo y decidan cuándo piensan pagar a las víctimas de los terremotos de Lorca el 100% de las ayudas".
Martín recordó que el alcalde, por decisión propia, decidió no delegar en ningún concejal del equipo de Gobierno municipal las competencias sobre gestión de los terremotos, por lo que las relaciones con las administraciones encargadas de la concesión de las ayudas para la reconstrucción de las viviendas que tuvieron que ser demolidas a consecuencia de los seísmos de 2011 "dependen directamente de él". Al respecto, ha denunciado que, más de una década después de la tragedia, "aún hay familias lorquinas que no han percibido el último 25% de las ayudas para reconstrucción", por lo que han tenido que recurrir a préstamos, pólizas y rehipotecas para volver a poner en pie sus casas, "lo que les está generando importantes gastos bancarios". En la misma situación se encuentran aún vecinos a los que se adeudan hasta 8.000 euros de ayudas para el alquiler.
La concejala de IU-Verdes recordó que las subvenciones para la reconstrucción, reguladas por el Decreto 68/2011, de 16 de mayo, imponían tres pagos distintos: uno del 50% de la cuantía de la ayuda al notificar la resolución de concesión; el 25% siguiente una vez justificado el comienzo de las obras y la aplicación del 50 por ciento adelantado mediante certificación suscrita por el técnico director de la obra; y el restante 25% una vez justificado la aplicación del 75 por ciento abonado mediante certificaciones suscritas por el técnico director de la obra y previa presentación del certificado final de obra.
"A pesar de que las ayudas tenían carácter de pago anticipado, de haber terminado las obras, de presentar toda la documentación que así lo acredita y de tener en su poder órdenes de la Dirección General de Vivienda que otorgan las ayudas para el tercer y último pago, algunos afectados aún no han recibido el dinero", denunció Martín. Como consecuencia, estos vecinos "se ven obligados a renovar periódicamente sus pólizas, lo que conlleva un coste de hasta 900 euros anuales entre intereses y seguros obligatorios".
Gloria Martín explicó que Estado y Comunidad Autónoma se echan la culpa mutuamente y que, mientras tanto, "el dinero sigue sin estar en el bolsillo de los damnificados". La concejala de IU-Verdes denunció que tampoco se ofrecen datos oficiales respecto al número de familias afectadas por ambas situaciones, y exigió "transparencia" y "explicaciones" y, sobre todo, "que se liberen esas cantidades de una vez por todas para que estos vecinos puedan cerrar este capítulo y seguir con sus vidas".
