Fulgencio Gil consigue la adhesión del Ayuntamiento a la iniciativa del PP para salvar el poblado de Calnegre

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Y reclama "sentido de Estado" para que el consenso se repita en Congreso de los Diputados y Senado

Fulgencio Gil consigue la adhesión del Ayuntamiento a la iniciativa del PP para salvar el poblado de Calnegre

El presidente del PP ha agradecido el apoyo expreso trasladado al efecto a través de una carta remitida al Pleno del Ayuntamiento por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca, y la presencia del portavoz de los afectados, Juan de Dios Martínez.

El Ayuntamiento de Lorca ha manifestado su respaldo y apoyo a la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado para la modificación de la Ley de Costas que permitiría salvar el poblado pesquero de Puntas de Calnegre, acabando con la situación de incertidumbre y sufrimiento que pesa sobre las familias de este popular y señero enclave lorquino. Se trata de un núcleo de población de tipología tradicional ubicado en terrenos que han pasado a ser Dominio Público Marítimo-terrestre.

Esto ha sido posible gracias a que el presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil, ha logrado el respaldo de todos los grupos políticos con representación en el Pleno del Ayuntamiento. Gil ha señalado que esta propuesta continúa el trabajo que viene desarrollando el Partido Popular en favor de los vecinos del poblado de Puntas de Calnegre, afectados por la actual Ley de Costas, que sufren una total inseguridad jurídica y podrían perder sus viviendas.

Reclamamos sentido de Estado y altura de miras a todos los partidos políticos para que esta propuesta salga adelante, prevaleciendo el interés y la defensa de los intereses de los lorquinos por encima de cualquier otra cuestión. El partido se juega ahora en el Senado y en el Congreso de los Diputados, y ahí esperamos que ningún partido se sienta tentado a echar abajo una iniciativa que pondría una solución definitiva al problema que tanto daño está haciendo a las familias de Puntas de Calnegre.

Fulgencio Gil ha manifestado que no vamos a cejar en nuestro empeño de salvar el poblado de Puntas de Calnegre. Llevamos muchos años batallando por salvar el poblado, es una joya etnográfica de nuestra costa, que posee grandes valores. Estamos hablando de construcciones que se remontan en el tiempo hasta 200 años, de un poblado pesquero inconfundible. Nos encontramos con una oportunidad histórica, una iniciativa definitiva en el Senado a través de una Proposición de Ley para salvar el poblado y otros núcleos españoles similares. Vamos a trabajar y a luchar por conseguir el apoyo del resto de grupos parlamentarios porque supondría salvar definitivamente el poblado y terminar con las preocupaciones de los vecinos.

Lo que pretendemos con esta Proposición de Ley es que todos aquellos núcleos de población vinculados a un paisaje muy particular y ubicados en entorno marítimos, sean respetados atendiendo a su propia idiosincrasia, porque la Ley de Costas sólo pretende el derribo de estas poblaciones, algo que sería muy injusto para las familias que actualmente viven en estos núcleos.

Cabe subrayar que es la primera vez que se presenta una modificación de la Ley de Costas que aúna todos los intereses de estos núcleos costeros españoles, desde Gerona hasta las Islas Canarias que se verían beneficiados por la aprobación de esta Ley atendiendo a sus legítimos derechos, que hasta hoy se ven amenazados. El poblado pesquero de Puntas de Calnegre, ubicado en la pedanía de Ramonete, ha sido incluido en la mencionado Proposición de Ley a propuesta del presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil. Se trata, en concreto, de una iniciativa que plantea la modificación de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.

La iniciativa se marca el objetivo de salvar el poblado pesquero, siguiendo la línea de trabajo que el Partido Popular ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años en este mismo sentido. Nuestra labor se centra en salvar las casas existentes, defendiendo los legítimos intereses y derechos de sus propietarios. Esperamos contar con el respaldo de todos los grupos políticos con representación en el Senado y en el Congreso de los Diputados, habida cuenta de la particular trascendencia e importancia de la medida. Estamos hablando de una oportunidad histórica de proteger este enclave y eliminar la incertidumbre que tienen los vecinos afectados.

La propuesta que permitiría salvar este núcleo histórico de Puntas de Calnegre apuesta por añadir una Disposición Adicional Decimotercera a la Ley de Costas 22/1988, referido a Núcleos urbanos con especiales valores etnológicos, de tal forma que obtendrían esta catalogación aquellos conjuntos de edificaciones residenciales o comerciales que acumulen valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados, que estén integrados en el entorno costero de forma que su demolición o supresión supusiera una pérdida de patrimonio cultural, histórico o turístico, o que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio público marítimo terrestre.

El núcleo de Puntas de Calnegre, junto con otros en similares circunstancias en el litoral español, tienen en común unas características particulares que en muchos de los casos han merecido protección especial por figuras de catalogación autonómica como "bienes de interés cultural" o de "relevancia local" o diversas figuras de protección, pero no gozan de ninguna particularidad en el tratamiento en la legislación de costas. Es necesario establecer un abrigo legislativo para esos núcleos urbanos que, una vez identificados, se reconocen con valores propios en cada caso y requieren de herramientas que permitan evitar expedientes de desocupaciones o derribos que, una vez iniciados, suscitan rechazo social y prácticamente unánime en lo político y que, en cambio, no encuentran en la legislación una herramienta que permita su mantenimiento, no ya sólo por protección de las personas directamente afectadas, sino por el interés público en el mantenimiento de una construcciones que son paradigmáticas y etnológicamente características del uso tradicional del litoral español.

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