La concejala de esta formación, Gloria Martín, recordó que ya denunció esta situación en 2018 y que, este tiempo, ni el anterior alcalde, Fulgencio Gil (PP), ni el actual, Diego José Mateos (PSOE) "han movido un dedo porque se haga justicia con los afectados"
La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha exigido al alcalde del municipio, Diego José Mateos (PSOE) que desde el consistorio se proceda a indemnizar a las doce familias afectadas por las expropiaciones efectuadas, hace más de cuatro años, para la construcción de la fase II de la Ronda Central.
La concejala recordó que en marzo de 2017, y con la única oposición de Izquierda Unida-Verdes, el Pleno Municipal aprobó el proyecto de expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución del vial SGV-6 del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), que comunica ambas márgenes del río Guadalentín en el tramo comprendido desde la nueva glorieta de San Diego hasta el Huerto de la Rueda. La expropiación se llevó a cabo por el procedimiento de ocupación directa de los terrenos, una fórmula "muy rentable para la Administración" pero que "sitúa en desventaja a los particulares", quienes no son indemnizados por el valor del suelo, como sucede en la expropiación forzosa, explicó Martín. A cambio, se les reconoce aprovechamiento urbanístico en una unidad de actuación, de iniciativa privada, para lo que contraen la responsabilidad de su ejecución asumiendo sus costes. "Es decir, no sólo son expropiados sin percibir ni un euro, sino que además son obligados a financiar los gastos de urbanización de dicha unidad de actuación mediante importantes desembolsos, que en este caso pueden llegar hasta los 100.000 euros para algunos afectados".
Este sistema de ocupación directa para la adquisición de esos terrenos por parte del Ayuntamiento ya estaba previsto en el propio PGMO, aprobado en 2005 con la mayoría absoluta del PSOE y también con los únicos votos en contra de IU. El instrumento de planeamiento determinaba la unidad de actuación donde estas familias expropiadas debían hacer efectivo su aprovechamiento urbanístico. Sin embargo, los sucesivos gobiernos municipales de PP y PSOE y C's han dado lugar a que haya transcurrido el plazo de cuatro años contemplado en el artículo 226.4 de la Ley 13/15, de 30 marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, de que disponía el Ayuntamiento para aprobar el proyecto de reparcelación de la unidad de actuación U-68, y en la que debía haberse integrado a estos propietarios, "sin hacer absolutamente nada".
Eso significa que, a día de hoy, el Ayuntamiento no ha indemnizado a estas familias, que también tendrían que haber sido compensadas por el período de tiempo que media desde la ocupación de los terrenos hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que se les adjudique otros de valor equivalente. Una indemnización contemplada en el artículo 112 de la Ley de Expropiación Forzosa que el Ayuntamiento ha incumplido flagrantemente.
Martín recordó que IU-Verdes ya denunció esta situación en 2018 y que, en este tiempo, ni el anterior alcalde, Fulgencio Gil (PP), ni el actual, "han movido un dedo para que se haga justicia con los afectados". Ello a pesar de las promesas manifestadas por Mateos en un mitin celebrado en la plaza de Curtidores en el año 2019 con ocasión de las últimas elecciones municipales, como le han trasladado testigos presenciales. "Es vergonzoso que unos y otros se den codazos para salir en las fotos inaugurando tramos de la ronda mientras los expropiados llevan más de cuatro años esperando a que se les compense por los terrenos que han perdido", aseguró la edil.
"Estos vecinos se sienten estafados por el Ayuntamiento con razón", dijo Gloria Martín, quien aseguró que ya han advertido a la administración de su propósito de iniciar un expediente de justiprecio. Por ello, la edil de IU-Verdes ha exigido a Mateos que, de manera urgente, llegue a acuerdos con las familias expropiadas para que les sean adjudicados terrenos municipales que les compensen por su pérdida patrimonial. También ha pedido que se les indemnice por las ocupaciones temporales, en los términos establecidos en la legislación del Estado.
Para Gloria Martín, este no es sino un ejemplo más de las "aberraciones" de un Plan General que consolidó un "urbanismo a la carta" e "irracional", pensado para beneficiar intereses especulativos muy concretos mientras se están lesionado los intereses de muchos vecinos, y con el que el PSOE se comprometió a terminar en su programa electoral.
Sin embargo, Gloria Martín recordó que Mateos "ni siquiera nos ha facilitado una copia del análisis y el diagnóstico del PGMO que han realizado investigadores del Laboratorio de Investigación Urbana de la Universidad Politécnica de Cartagena y que a él le entregaron hace casi un año". Entonces, el actual alcalde aseguró que presentaría el documento en la Comisión informativa de Urbanismo y que se pondría a disposición de todos los grupos municipales para que conocieran sus conclusiones y las estrategias propuestas sobre el modelo de desarrollo urbano y territorial para la futura elaboración de la actualización del Plan General de Lorca. "No ha cumplido nada", aseveró la concejala de IU-Verdes, quien recordó que, "también en materia de urbanismo, el mandato de Mateos se recordará porque fueron cuatro años baldíos y absolutamente desaprovechados".
