Gloria Martín denunció que 51 inmuebles de titularidad municipal en esta barriada llevan un año y medio vacíos, mientras que en Lorca se está generando una burbuja del alquiler y centenares de familias no tienen acceso a una vivienda a precio razonable
La concejala de IU-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha denunciado un retraso de año y medio para que Ayuntamiento y Comunidad Autónoma den salida a las viviendas de su propiedad en el barrio de San Fernando. Martín recordó que se trata de 51 inmuebles de titularidad municipal y 18 autonómica que ambas administraciones se comprometieron a destinar a la promoción de vivienda pública, pero que siguen "vacías" desde que se produjo la entrega de llaves a los propietarios de pisos particulares en dicha barriada.
También han pasado ocho meses desde que el equipo de gobierno municipal anunció que trabajaba en la elaboración del pliego de condiciones que regirá el proceso de adjudicación y venta de los 51 pisos del Ayuntamiento como viviendas de protección oficial. Sin embargo, a estas alturas del año el borrador de esos pliegos ni siquiera ha sido aún consensuado con los grupos municipales de la oposición.
Martín aseguró que existe una fuerte demanda de pisos en alquiler en el municipio que no puede cubrirse con la oferta privada "que es escasa y poco accesible por su precio abusivo". En ese sentido, explicó que se están llegando a pedir hasta 250 euros por el alquiler de una sola habitación en pisos de cuatro dormitorios, lo que para la concejala de IU-Verdes es indicativo de que en Lorca también se está generando una "burbuja del alquiler".
Por ello, la concejala de IU-Verdes exigió al equipo de gobierno municipal "voluntad política" para "luchar contra la especulación y los abusos inmobiliarios". Un primer paso sería crear una bolsa de alquiler a precios asequibles con las viviendas propiedad del Ayuntamiento en el barrio de San Fernando, en tanto que "se están mostrando incapaces de sacar adelante su adjudicación mediante compra-venta y, mientras tanto, no están siendo útiles para nadie". "Hay muchas familias que no pueden aspirar a que les conceda una hipoteca pero sí pueden pagar 250 o 300 euros al mes por el alquiler de alguno de estos pisos", explicó Martín, quien recordó que la falta de alternativas habitacionales a precios razonables es la principal causa del incremento del fenómeno de la ocupación ilegal.
Martín lamentó que a pesar de las múltiples iniciativas defendidas por IU-Verdes en el Pleno y que han contando con el respaldo mayoritario de todos los grupos políticos, "el equipo de gobierno local no está trabajando en el plan de vivienda municipal 2020-23, ni ha realizado un censo de viviendas vacías propiedad de los bancos para negociar alquileres sociales, ni ha puesto en marcha un servicio de mediación o propuesto bonificaciones fiscales para incentivar que los propietarios de casas vacías las oferten en el mercado inmobiliario de alquiler".
Insalubridad en las viviendas
Martín calificó la política de vivienda en el Ayuntamiento de "inexistente" y advirtió que es uno de los desafíos más importantes a los que ahora mismo se enfrenta el municipio. En ese sentido recordó que según datos de la Dirección General de Salud Pública de la comunidad autónoma "el 52,7% de los contagios de Covid-19 se producen en el hogar", lo que para la concejala de IU-Verdes, está estrechamente relacionado con las condiciones de hacinamiento e insalubridad en viviendas del casco urbano de Lorca. "No se está pensando en soluciones para aquellas personas cuya falta de sostén social y económico les hace imposible cumplir las medidas de aislamiento o cuarentena", denunció. "Mientras no abordemos las causas subyacentes a la pandemia relacionadas con las condiciones de habitabilidad en las viviendas, será muy complicado frenar esto", concluyó.
