Pedro Mondéjar: "los centros educativos tienen que ser un espacio de neutralidad educativa como corresponde por ley a los centros educativos y a los docentes y así creemos que es".

Ni un burócrata, ni un político puede decidir a qué centro asiste un alumno o qué tipo de formación complementaria recibe de personas ajenas al centro. No creemos en que el Estado pueda suplantar el derecho de los padres sobre sus hijos, y rechazamos cualquier adoctrinamiento.

El concejal de Educación en el Ayuntamiento de Lorca por el Partido Popular, Pedro Mondéjar, ha anunciado que el PP va a exigir en el próximo pleno que el Ayuntamiento de Lorca apoye la autorización expresa de los padres a las actividades complementarias de sus hijos como garantía de libertad para ejercer su derecho a consentir o no que sus hijos participen en aquellas actividades complementarias que sean impartidas por personal ajeno al centro educativo, sin poner en duda en ningún momento al centro y al docente. Desde el PP se reclama el apoyo de todos los grupos políticos municipales para defender el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, según recoge el artículo 27.3 de la Constitución Española.

Pedro Mondéjar ha manifestado que el Ayuntamiento tiene que exigir al actual Gobierno de España que cese en sus intentos de interferir en la educación a la que tienen derecho nuestros hijos y respete el derecho de las familias a la libertad educativa, así como las propias competencias que en materia educativa tienen las comunidades autónomas, dentro del marco normativo superior que establece la Constitución Española.

El concejal del PP ha explicado que en base a lo recogido en nuestra Constitución,las familias españolas tienen el derecho para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones.

Estamos hablando de una medida que ya se aplica por ejemplo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por medio de una orden de la Consejería de Educación desde principio de curso y ninguna organización, además de padres, docentes y centros, ni se ha quejado ni ha dicho nada. Este derecho de las familias lleva aplicándose en la Región desde el pasado septiembre sin incidencias, y creemos que debe seguir siendo así.

Se trata de una solicitud de información y consentimiento expreso, que posibilita que los centros informen previamente a los padres sobre cualquier actividad, charla, taller o similar que afecte a los valores en cualquier temática. Una sociedad avanzada tiene que comprometerse a permitir a las familias educar a sus hijos en libertad y de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas, como preceptúa la Constitución, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de los progenitores para la participación de sus hijos en actividades complementarias con personal ajenas al centro.

Esta solicitud se está desarrollando con normalidad en los centros escolares de la Región desde que comenzó el curso. Los centros educativos y los docentes seguirán desarrollando su actividad pedagógica y organizativa y todas las actividades que consideren más pertinentes con total autonomía y libertad, pero lo cierto es que, en la impartición de las actividades complementarias intervienen personas ajenas al claustro del centro educativo, que pueden no ser docentes y sobre ellas no recae la obligación de neutralidad.

No estamos ni contra docentes ni contra padres, al contrario apoyamos al docente dándole una seguridad jurídica ante personas, que no se le debe presuponer neutralidad, que vienen de fuera del centro. Y por supuesto apoyamos a los padres en si libertad y derecho como responsables de sus hijos.

Apoyamos y defendemos la libertad en la educación y la libertad de las familias, porque se educa en familia y se enseña en el centro educativo. El Gobierno regional ha garantizado ésta libertad en los últimos años acometiendo una batería de acciones, entre las que destaca, la zona única de escolarización, para que los padres puedan llevar a sus hijos a los centros que elijan libremente.

Desde el Partido Popular afirmamos que no es un burócrata o un político el que desde su despacho decide a qué centro asiste un alumno o qué tipo de formación complementaria reciben nuestros hijos. No creemos en que el Estado pueda suplantar el derecho de los padres sobre sus hijos, y rechazamos cualquier conato de adoctrinamiento en los centros educativos.