El PP denuncia que el gobierno socialista de Pedro Sánchez deja a la práctica totalidad de lorquinos damnificados por la DANA sin ninguna ayuda pública para reparar sus viviendas

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"El PSOE deja desamparados a los afectados de todas y cada una de las pedanías dañadas, negando cobertura a garajes, segundas residencias y familias que ganen más de 13.500 euros anuales"

El PP denuncia que el gobierno socialista de Pedro Sánchez deja a la práctica totalidad de lorquinos damnificados por la DANA sin ninguna ayuda pública para reparar sus viviendas

Fulgencio Gil lo califica de "auténtica tomadura de pelo"

El Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ha denunciado que las condiciones que ha impuesto el PSOE de Pedro Sánchez para otorgar ayudas públicas a los lorquinos afectados por las fuertes lluvias, viento y granizo que sacudieron nuestro término municipal el pasado mes de septiembre dejan a la práctica totalidad de los damnificados sin ninguna ayuda pública por parte del gobierno socialista.

Fulgencio Gil ha explicado que el criterio establecido por el gobierno central en el Real Decreto Ley deja sin ayudas oficiales a garajes, segundas residencias y a familias que cuenten con una renta superior a 13.500 euros anuales. Es decir, que los afectados se quedan en términos prácticos sin un solo euro de ayuda pública. Bajo estos parámetros impuestos por el PSOE ¿quién va a recibir estas ayudas?

Desde el PP queremos difundir nuestra sorpresa e indignación, porque en vez de un Decreto razonable, nos encontramos una "tacañería" irresponsable y descabellada, porque precisamente este tipo de construcciones fueron las que registraron los principales daños. Nosotros, desde nuestra labor en el Ayuntamiento, estuvimos recorriendo la zona y a los vecinos afectados mientras otros responsables del actual gobierno local estaban "de parranda" fuera de Lorca.

Una vez conocido el contenido y las restricciones impuesta por el Decreto del PSOE, Fulgencio Gil, se ha preguntado ¿Qué tomadura de pelo es esta? Los lorquinos estamos sufriendo una tomadura de pelo constante. A este ritmo una mañana nos levantaremos y estaremos todos calvos. Aquí lo que hacía falta era un decreto contundente y razonable, no un documento de quita y pon redactado media hora antes del Consejo de Ministros. Ahora podemos entender por qué tampoco han hecho nada por sacar adelante la bonificación del IBI…

Fulgencio Gil ha explicado que nosotros estamos desde el primer momento con los damnificados, y reclamamos en su momento que el municipio fuera declarado zona catastrófica para dar cobertura a las familias que se han visto afectadas. Exigimos que se celebrara un Pleno Extraordinario y Monográfico, además de reclamar la declaración del proyecto de encauzamiento de la rambla de Viznaga como "actuación prioritaria y urgente" por parte del Gobierno de España, una medida que recoge la petición de los vecinos. Y exigimos también que los damnificados quedaran exentos del pago del IBI, una medida que tiene que ser asumida por el gobierno central.

Problemas con las peritaciones del Consorcio y las aseguradoras

Desde el PP exigimos en septiembre al gobierno de España que diera instrucciones al Consorcio de Compensación de Seguros para que fuera flexible, comprensivo y sensible con la situación que están sufriendo los damnificados, con el objetivo de evitar problemas similares a las que hemos vivido con anterioridad y que no se deben repetir, haciendo especial mención a la redacción de las peritaciones de daños pertinentes. Otra cuestión que no ha sido atendida.

Todo esto sin contar los graves problemas que ya nos han trasmitido decenas de familias afectadas por los efectos del temporal con las tasaciones y valoraciones que están recibiendo por parte del Consorcio de Compensación de Seguros, también dependiente del Ministerio de Economía y Empresa gestionado por el PSOE, como con las peritaciones de numerosas compañías de seguros privados. Los afectados reivindican, principalmente, que las valoraciones de los daños se están situando muy por debajo de los daños reales provocados por la DANA, provocando indefensión y una tensa incertidumbre que exige de la intervención directa de las administraciones públicas.

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