• Se trata de una medida que ya estaba previsto realizar por parte del Partido Popular con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa europea más reciente, que obliga a las empresas que recogen los residuos a obtener al menos la mitad de los biorresiduos que se generan en las ciudades.
El Concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Francisco Martínez, ha solicitado que Limusa emprenda el proyecto piloto que ya estaba previsto realizar por el PP para desarrollar una prueba en las áreas de contenedores de la avenida Juan Carlos I buzoneando e informando a pie de calle a todos los vecinos sobre la necesidad de separar los biorresiduos en los hogares, depositando en una bolsa diferente los restos de frutas, verduras, comida, pan, bollería, frutos secos, pan, pescado, marisco, café, infusiones, corcho, serrín y cerillas, entre otros elementos.
Martínez Carrasco ha indicado que hemos conseguido hacer de Lorca una ciudad que sirve como modelo de referencia a otros municipios en materia de gestión de todo tipo de residuos urbanos. Ha sido un trabajo intenso, planificado y cuya ejecución ha merecido el reconocimiento de varias instituciones a lo largo de los últimos años. Ahora queremos que esta labor siga adelante, que no se frene, y por eso consideramos fundamental que se lleven a cabo los trámites que dejamos pendientes para que durante el próximo año 2020 la empresa municipal de limpieza, Limusa, recoja como mínimo el 50% del total de biorresiduos generados por parte de los ciudadanos con el objetivo de reducir la dependencia actual de los vertederos, y contribuir a la implantación integral en Europa de un modelo de economía circular, tomando ya en consideración el hecho de que los residuos no son basura, sino que estamos hablando de recursos que pueden aprovecharse y rentabilizarse socialmente, generando riqueza y empleo.
Juan Francisco Martínez ha explicado que la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre residuos, y por la que se derogan determinadas directivas integrándolas en una norma única, establece el marco jurídico de la Unión Europea para la gestión de los residuos. Fue aplicada en España con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que se traduce, en términos concretos, en que las ciudades están obligadas a recoger al menos la mitad de los biorresiduos ya mencionados
Desde el Partido Popular se reclama que el Ayuntamiento continúe y materialice las previsiones ya avanzadas en tal sentido para dar cumplimiento a esta legislación. Se trata de una cuestión que no admite demora, y que tiene que ejecutarse para servir de ejemplo a los ciudadanos, dentro de la tarea de pedagogía social en materia de residuos que se tiene que desarrollar por parte de todas las administraciones públicas. Estamos hablando de una medida que repercute positivamente en todos los aspectos, pero que tiene especial trascendencia en su vertiente social, medioambiental y ecológica.
