La concejala de Izquierda Unida-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha presentado en la Fiscalía de la Región de Murcia una denuncia por un posible delito de prevaricación contra la secretaria de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, Yolanda Muñoz.
Martín ha explicado que existen indicios de que Muñoz está dictando órdenes "injustas y contrarias a la ley" en el caso de la devolución de las ayudas de los afectados por los terremotos de 2011 en Lorca. Concretamente, la edil de IU-Verdes ha hecho alusión a órdenes de la secretaria de Fomento por la que ésta desestima recursos de reposición planteados por los afectados, en los que éstos solicitan acogerse a la prescripción del derecho de la CARM a exigir el reintegro de las ayudas.
Muñoz es conocedora de los informes de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Lorca, de la propia Comunidad Autónoma aunque éste nunca ha sido facilitado a los afectados y de la Abogacía del Estado que dictaminan, tal y como recoge el artículo 10.3 del Decreto 68/2011, que el cómputo de cuatro años para la prescripción se inicia "cuando finaliza el plazo de justificación de las obras" que tenían los beneficiarios de las ayudas. Es decir, desde el momento de la finalización de los trabajos, los afectados tenían un plazo de justificación de seis meses, y a partir de ese momento comenzarían a contar los cuatro años de la prescripción. Sin embargo, Muñoz no tiene en cuenta esa fecha, sino que computa los 12 meses completos que el beneficiario de la ayuda tenía para afrontar las obras, los agotase o no.
El criterio defendido por la plataforma de afectados y por las Administraciones sí está siendo aplicado en las órdenes dictadas por otros cargos de la Consejería de Fomento pero no por Muñoz, "que insiste en aplicar una fórmula general que no tiene en cuenta cuando se realizaron las obras ni cuando venció el plazo para justificar el empleo de la ayuda, lo que va en detrimento de la legislación y del interés de los afectados", dijo Martín.
"Muñoz no puede aplicar un criterio distinto al de su propio departamento para determinar los plazos de prescripción", explicó la concejala de IU-Verdes, "y mucho menos cuando éstos son contrarios a la Ley y a los informes jurídicos de tres administraciones públicas, que además son conocidos por ella, como ha admitido públicamente", recordó.
Martín ha señalado que su decisión de plantear la denuncia en la Fiscalía obedece al empeño de Muñoz de "no entrar en razón" e insistir en el "abuso de su autoridad" a pesar de las múltiples advertencias que han hecho desde la plataforma de afectados y desde su formación política. "Ella sabe que desestimando esos recursos con argumentos contrarios a la normativa, a los afectados no les queda más remedio que acudir a los juzgados cuando ni siquiera les queda dinero para pagar a un abogado porque el reintegro de estas ayudas y sus intereses y recargos ha supuesto la ruina económica familiar para los damnificados", concluyó Gloria Martín.
