Gloria Martín ha informado que ya se han presentado dos recursos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia para defender a los afectados por la devolución de las ayudas por los seísmos. También ha denunciado que Fomento está aplicando dos criterios distintos a la hora de aplicar la prescripción
La concejala de Izquierda Unida-Verdes y número dos por esta formación a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, Gloria Martín, ha anunciado la presentación de dos recursos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra actos de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Fomento e Infraestructura de la Región de Murcia, relacionados con el procedimiento de exigencia de devolución de las ayudas concedidas a damnificados por los terremotos de 2011 para la reparación de sus viviendas.
El abogado de la plataforma de afectados, Joaquín Dólera, también ha impugnado las providencias de apremio dictadas por la Consejería de Hacienda, ya que se emitieron sin haber dado contestación a los recursos de reposición presentados por los afectados, tal y como exige la Ley.
La representación legal de los afectados correrá a cargo del Ayuntamiento de Lorca según el compromiso manifestado por el Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil. Al respecto, Martín lamentó que Fomento se haya cebado con familias a las que han dejado en una situación económica "calamitosa", por lo que ni siquiera pueden hacer frente a la defensa de sus derechos a través de la Justicia. Por eso, estos dos casos servirán como "avanzadilla" con la esperanza de que las sentencias sean favorables a los afectados y, con ellas en la mano, Fomento "entre en razón", dijo la edil de IU-Verdes.
Martín también ha puesto de manifiesto una grave incongruencia que tiene que ver con la aplicación de los cómputos para la prescripción del derecho de las Administraciones a reclamar la devolución de las ayudas a los afectados. En ese sentido, ha mostrado dos resoluciones distintas aplicadas a casos similares. En la primera, firmada por el Director General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, José Antonio Fernández Lladó, se procede a la declaración de la prescripción mediante la aplicación de los criterios defendidos tanto por la plataforma, como por la Abogacía del Estado, como por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Lorca y de la propia comunidad autónoma. Sin embargo, respecto al segundo de los expedientes, por orden firmada por la Secretaria de la Consejería de Fomento, Yolanda Muñoz, se desestima la petición de prescripción porque se aplica un criterio diferente. En ambos casos, Fernández Lladó y Muñoz actúan por delegación del consejero de Fomento, Patricio Valverde. "¿Cómo es posible que a un afectado se le aplique lo que dicen las normas y la jurisprudencia y a otro se le computen 12 meses completos antes de aplicar la prescripción sin que se tenga en cuenta el momento exacto en que realizó las obras?", se preguntó Martín.
Al respecto, Martín ha señalado que Yolanda Muñoz ha mentido a los afectados ya que se comprometió públicamente a respetar lo que dispusieran los servicios jurídicos consultados respecto a este asunto. Por ello, Gloria Martín ha pedido su "cese fulminante" ya que Muñoz se niega a aplicar la doctrina de los tribunales y lo contemplado en el artículo 10.3 del Decreto 68/2011 que establece que la justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda, se realizaría en el plazo de los seis meses siguientes a la finalización de las obras, momento a partir del cual, empezarían a correr los cuatro años para la prescripción que determina la Ley de Subvenciones.
Gloria Martín lamentó que Muñoz esté comprometiendo el buen nombre del propio consejero de Fomento, Patricio Valverde, que también empeñó su palabra, y del que dijo que siempre le ha parecido una persona "sincera" y "sensible" a la problemática de los afectados. Sin embargo, "o Valverde nos engañó, o esta señora está haciendo de su capa un sayo y se muestra como alguien díscolo y rebelde al cumplimiento de la ley, por lo que debe ser apartada de sus funciones de inmediato", concluyó Martín.
