La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, alerta de un aviso de embargo sobre el vehículo particular de una víctima de los seísmos de 2011. Se trata de un caso especialmente delicado para el que exige, nuevamente, una solución justa y razonable porque "es demencial que las ayudas que se concedieron para reparar las viviendas afectadas por un terremoto devastador, puedan convertirse en la causa por la que las víctimas terminen perdiendo sus bienes, incluidos sus casas"

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha alertado de que la Agencia Tributaria de la Región de Murcia ha lanzado un aviso de embargo sobre el vehículo particular de un afectado por la devolución de las ayudas de los terremotos.

Se trata de un caso para el que Martín ha pedido en múltiples instancias una solución por tratarse de una situación "muy delicada" sobre la que las Administraciones han respondido con una especial "frialdad" e "insensibilidad".

Este vecino no pudo afrontar en el plazo de 12 meses la reparación de su vivienda porque estaba incapacitado por una depresión severa que le sobrevino tras el fallecimiento de su hermana, de cuya hija de ocho años tuvo que hacerse cargo tras quedar huérfana. No obstante, el afectado no utilizó el dinero de la subvención. Cuando estuvo en condiciones de realizar las obras, lo puso en conocimiento de la oficina del terremoto de Lorca, a lo que no se puso objeción, con la intención de poder recuperar totalmente su vivienda y justificar "hasta el último céntimo".

Sin embargo, a pesar de esa petición, finalmente su nómina fue embargada y ahora, además, la Agencia Tributaria amenaza con actuar también sobre su vehículo particular, además de bloquear otra cuenta bancaria.

"Si lo hacen con los bienes muebles, nada impedirá que puedan empezar a embargar también bienes inmuebles y que los afectados puedan perder, finalmente, sus viviendas", aseguró Martín. Por ello, la edil de IU-Verdes ha exigido que desde el Gobierno regional se den "instrucciones inmediatas" para que la Agencia Tributaria otorgue facilidades a los afectados por el reintegro de las subvenciones. "Es demencial que las ayudas que se concedieron para reparar las viviendas afectadas por un terremoto devastador, puedan convertirse en la causa por la que las víctimas terminen incluso perdiéndolas", dijo Martín. Al hilo, aseguró que "diez personas podrían estar equivocadas, cuando hablamos de 3.500 es porque quién no ha hecho las cosas bien son las Administraciones".

Martín también explicó que Fomento ha dado traslado de estos expedientes a Hacienda sin que haya resuelto sobre liquidaciones impugnadas en vía administrativa mediante recurso potestativo de reposición, y respecto de la cuales se había solicitado la suspensión cautelar de la ejecución por existir perjuicios de imposible o difícil reparación para los afectados. "No contestan a los vecinos y le pasan la pelota a la Agencia Tributaria", dijo Martín, quien advirtió que esto conculca los artículos 9, 24.1 y 106.1 de la Constitución Española y contraviene la seguridad jurídica, el derecho a la tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión, así como el sometimiento de la actividad administrativa al control de legalidad.

Por si fuera poco, Hacienda también carga contra personas teóricamente "inembargables", porque subsisten con menos del salario mínimo interprofesional. En ese sentido, recordó que el artículo 27.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, establece que: "El salario mínimo interprofesional, en su cuantía, es inembargable". En el mismo sentido se expresa el artículo 607.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que establece que: "Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional". Sin embargo, Martín explicó que "están arrasando con todo", y procediendo al embargo de cuentas bancarias incluso de aquellos que habían solicitado el fraccionamiento del pago.

La edil recordó que una parte de los afectados irá a juicio, para lo que la plataforma de afectados ha designado como su letrado al abogado Joaquín Dólera. "Tenemos el compromiso verbal del Alcalde de que el Ayuntamiento sufragará el coste de la representación legal, pero lo queremos por escrito, el de él y el de todos los que se presenten a la Alcaldía de Lorca", concluyó.