La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha lamentado que los asesores jurídicos de la Consejería de Fomento se nieguen a interpretar las normas según el criterio más favorable para los administrados, lo que constituye un principio del Derecho. Así se lo han hecho saber en una reunión con "jurídicos" de la CARM a la que ha asistido esta tarde en representación de la Plataforma de afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos de 2011.  Martín defendía la causa de los damnificados que en 2015 recibieron un trámite de audiencia que la CARM considera que ha interrumpido el plazo de cuatro años que tenía para exigir la devolución de unas subvenciones otorgadas entre 2011 y 2012, empezando a contar desde cero.

A los afectados se les dio sólo diez días para presentar alegaciones a ese trámite de audiencia que luego fueron metidas en un cajón durante más de dos años. Para Martín se trató de una "artimaña" para propiciar la interrupción de la prescripción a sabiendas de que los procedimientos de reintegro de las ayudas no se iniciarían hasta 2017, porque 2015 y 2016 fueron años electorales y haber pedido la devolución de las ayudas a los afectados en aquella época habría tenido un gran coste electoral para el PP en Lorca. 

Martín ha explicado que, por analogía, pueden aplicarse normas que establecen que las Administraciones tienen un plazo de un mes para iniciar un procedimiento de reintegro de una subvención desde que el órgano competente recibe el informe pertinente, que en este caso emitió la Comisión Mixta y que se puso en conocimiento de los interesados a través del mencionado trámite de audiencia.  Para IU, esa notificación "está invalidada" por la extraordinaria demora de la burocracia para iniciar un procedimiento que debería haber sido inmediato. 

Mientras tanto, los intereses de demora siguieron corriendo y generando un beneficio para la CARM y el Estado, cofinanciadores de las ayudas, que ahora se reembolsarán las cantidades inicialmente concedidas más un 40% en concepto de recargos e intereses de demora. 

La concejala de IU aseguró que las presiones y el trabajo constante de la plataforma ciudadana que coordina, han conseguido que se solucionen más de 3.000 casos para los que se encontró una salida a través de la Ley 8/2018, aprobada ex profeso para simplificar los trámites de justificación de las ayudas.  Sin embargo, ha asegurado que "no nos damos por satisfechos y vamos a pelear por el resto, porque creemos que les asisten la razón y la ley". 

Por ello, ha anunciado que mañana mismo piensa tomar la palabra del Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, quien esta tarde se ha comprometido a que el Ayuntamiento, mediante un convenio con el Colegio de Abogados de Lorca, se haga cargo de la representación legal de los afectados que deseen defender sus derechos en los tribunales.

"Si un juez nos da la razón exigiremos que la sentencia se aplique al resto de casos. Si no lo hace, la Administración regional estará prevaricando porque no puede dictar una resolución arbitraria en un asunto a sabiendas de que es injusta y contraria la ley". En ese caso, lo pondríamos en conocimiento de la Fiscalía y que investigue todo lo que haya que investigar, concluyó.