La concejala de esta formación, Gloria Martín, explicó que, mientras tanto, decenas de afectados siguen recibiendo providencias de apremio de la Agencia Tributaria instándoles a la devolución de las ayudas, a las que se aplican importantes intereses de demora y recargos. Esto supone algunos vecinos tengan que pagar hasta un 40% más que lo que recibieron inicialmente en concepto de ayuda, lo que la edil califica de "usura"
a concejala de Izquierda Unida, Gloria Martín, ha exigido hoy a la Consejería de Fomento del Gobierno regional que empiece a aplicar a los afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos el criterio de prescripción avalado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Lorca y de la propia Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como de la Abogacía del Estado.
A pesar de que las tres administraciones con responsabilidad en las ayudas ya coinciden en cómo se deben aplicar los cómputos de la prescripción defendidos por Izquierda Unida desde el primer momento, la plataforma de afectados aún no tiene conocimiento formal de que se haya cerrado ningún expediente por esta causa.
Mientras tanto, decenas de afectados siguen recibiendo providencias de apremio de la Agencia Tributaria instándoles a la devolución de las ayudas, a las que se aplican importantes intereses de demora y recargos. Esto supone algunos vecinos tengan que pagar hasta un 40% más que lo que recibieron inicialmente en concepto de ayuda, lo que Martín calificó de "usura".
En su comparecencia, la concejala de Izquierda Unida ha estado acompañada de Alfonso Lizarán, vecino de Lorca de 76 años que percibe una pensión mensual de 1.025 euros. La Comunidad Autónoma le concedió una ayuda para la reparación de su vivienda de 9.500 euros que, tras la aplicación de recargos e intereses del Estado, se ha incrementado hasta los 13.367,95 euros. Es decir, 3.867,95 euros más que el monto de la ayuda original. Alfonso ha tenido que pedir un fraccionamiento de dicho pago en 24 cuotas mensuales de más de 550 euros. Por ello, a lo largo de los próximos dos años tendrá que emplear más de la mitad de la pensión de la que viven él y su mujer en devolver la ayuda.
Este vecino gastó más en la reparación de su vivienda de lo que percibió de la ayuda pública y de la indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros, lo que además puede acreditar con facturas de curso legal. Hay que tener en cuenta señaló Martín- que las valoraciones periciales efectuadas tras los seísmos fueron inexactas ya que no tuvieron en cuenta la aparición de los daños que aparecieron posteriormente tras el asentamiento del terreno.
Sin embargo, este hecho jamás fue tenido en cuenta y ahora la Administración "se agarra a la letra pequeña que regula estas subvenciones y que no se explicó a los afectados", dijo Martín. "Nadie le entregó a los vecinos copia de la valoración pericial, nadie les indicó qué elementos de sus viviendas tenían que reparar, ni en qué plazos, ni qué documentación debían acreditar después. Nadie les explicó las obligaciones que contraían al aceptar una ayuda que, ocho años después de la tragedia, se ha convertido en causa de ruina económica para centenares de familias lorquinas". En ese sentido, recordó que los damnificados recibieron una simple carta en la que se indicaba la ayuda concedida y quién la financiaba, que parece que era lo importante". Todo porque, tras la tragedia, había que hacer creer al mundo que los afectados no estarían solos, que tendrían el apoyo de los gobiernos central y autonómico que, casi ocho años después, son los mismos que están "sangrando vivos" a los afectados.
Como todos los damnificados en su misma situación, Alfonso interpuso hace meses un recurso de reposición a la orden de reintegro de la Consejería de Fomento, y también solicitó la suspensión de la liquidación como medida cautelar al entender que se le podía causar un perjuicio de imposible o difícil reparación.
Sin que Fomento haya decidido aún sobre ese recurso y sobre la solicitud de suspensión, este órgano dio orden a la Agencia Tributaria para el cobro de la deuda por vía ejecutiva. Para Martín, que Hacienda dicte providencia de apremio sobre una liquidación impugnada en la vía administrativa, y respecto de la cual se ha solicitado la suspensión de la ejecución sin que ésta se haya resuelto, conculca los artículos 9, 24.1 y 106.1 de la Constitución, contraviniendo la seguridad jurídica, el derecho a la tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión, así como el sometimiento de la actividad administrativa al control de la legalidad. Así lo dicen las leyes y la jurisprudencia, y así se lo han hecho saber a la Agencia Tributaria con nuevos recursos que tampoco han sido contestados aún. Al respecto, Martín calificó de "cruel" y "abusiva" la utilización del silencio administrativo para castigar a los afectados y recordó que los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho cuando son dictados "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
El expediente de Alfonso Lizarán, como muchos otros, es susceptible de archivo por prescripción, lo que Martín ha exigido que se haga "de inmediato", para no prolongar más el sufrimiento de los afectados.
Además, Martín ha pedido al Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que interceda ante la Consejería de Fomento para tratar esta cuestión. Al respecto, ha informado que esta misma mañana Gil le ha confirmado que la próxima semana el Director General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, José Antonio Fernández Lladó, se reunirá en Lorca con los afectados. "Agradecemos la buena disposición del Alcalde pero el tiempo se agota y ya no nos vamos a conformar con buenas intenciones, sino con realidades." "O aplican las leyes o volveremos a la protesta", concluyó Martín.
