La concejala Gloria Martín ha pedido un último esfuerzo a las Administraciones para paralizar también las providencias de apremio que la Agencia Tributaria ha seguido enviando en las últimas semanas, fundamentalmente por intereses de la parte estatal de las ayudas, a causa de una demora que las víctimas de los terremotos no han generado

La concejala de Izquierda Unida-Verdes Lorca, Gloria Martín, ha mostrado hoy la satisfacción de su formación política y de la plataforma de afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos, a la que asesora, tras el convenio que tienen previsto suscribir la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Lorca, que permitirá agilizar la aplicación de la Ley 8/2018 a los vecinos que aún no podido justificar las subvenciones otorgadas para la rehabilitación de sus viviendas.

Ante las dificultades para que los beneficiarios de estas ayudas pudieran demostrar el empleo de éstas en la reparación de las viviendas siniestradas, la Asamblea regional aprobó la Ley 8/2018, de 23 de julio, de ayudas de Lorca, que estableció un nuevo sistema de justificación simplificado que entró en vigor el 27 de julio.

Hasta el momento, dicha Ley, vigente desde el 27 de julio, no estaba siendo aplicada a pesar de que, en virtud del acuerdo alcanzado el 30 de octubre entre Fomento y la plataforma de afectados, la Administración disponía de un plazo de cinco meses para "dar conformidad" a todos los expedientes que hubieran solicitado acogerse a esta vía.

Ahora, será el Ayuntamiento de Lorca el que centralice la recepción de las cuentas justificativas simplificadas, comprobará que se ajustan al modelo establecido y que se encuentran debidamente cumplimentadas, remitiéndolas a continuación a la Consejería de Fomento e Infraestructuras junto con la certificación acreditativa correspondiente, de lo que se dará cuenta a los beneficiarios al objeto de que éstos tengan conocimiento del estado de tramitación de su procedimiento.

La edil de IU-Verdes ha agradecido al consejero de Fomento, Patricio Valverde, y al Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, el esfuerzo realizado para poner en marcha esta herramienta de cooperación entre ambas administraciones, que "nos consta que no ha sido fácil". "Creemos que ambos están haciendo lo posible por cumplir con la palabra dada a los afectados pero vamos a seguir vigilantes hasta que se cierren los expedientes", dijo Martín.

Últimos escollos a salvar y próximos embargos

Gloria Martín ha denunciado que la Agencia Tributaria sigue enviando providencias de apremio a los afectados, fundamentalmente a aquellos que devolvieron las ayudas y a los que ahora se les reclama el pago de intereses de la parte sufragada por el Estado a causa "de una demora que los vecinos no han generado". "Seguimos exigiendo que el Gobierno de España condone su parte de los intereses y que pida a la CARM que aplique la normativa tributaria correspondiente, valorando los expedientes favorablemente y devolviendo los ingresos indebidos", aseguró Martín.

Dichos embargos podrán producirse en cualquier momento a partir del próximo 5 diciembre después de la remesa de providencias de apremio que ha mandado Hacienda en las últimas dos semanas. Para quienes se encuentran en esta situación, desde IU se están tramitando recursos de reposición y peticiones de suspensión temporal del pago de la deuda.

Otro escollo importante tiene que ver con aquellos vecinos que percibieron tanto ayuda pública como indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros para reparar sus casas, cuya suma superaba la tasación de daños realizada por los peritos de la CARM. "Después de mucho pelear, conseguimos que la Administración no considerase dicha valoración pericial como tope para poder justificar las ayudas, sino el coste real de las obras en que incurrieron los afectados", explicó la edil de IU. Esto es así porque, tras la valoración inicial, realizada a los pocos días de los seísmos, las casas se siguieron abriendo y aparecieron daños no valorados que tuvieron un coste importante para los afectados. Y también porque el Decreto 68/2011 establece que el importe de las ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o indemnizaciones, "supere el coste real de las obras", no la valoración de los peritos.

Martín ha exigido que quienes se encuentran en esta situación puedan acogerse a la Ley 8/2018 y presentar la memoria justificativa simplificada, así como que, mientras tanto, se paralicen todos los procedimientos de apremio mediante la notificación de su suspensión hasta que se resuelvan los expedientes.

"Si tenemos que pedir a la Comisión Mixta la reapertura de los expedientes lo haremos, pero entendemos que todo debe ser más sencillo y que quienes puedan acreditar documentalmente y con inspecciones técnicas que gastaron el dinero de las ayudas e indemnizaciones en reparar sus casas, también estén amparados por la Ley 8/2018", concluyó no sin antes recordar que ése es el compromiso que adquirió Fomento con la plataforma.