La concejala de IU-Verdes, Gloria Martín, censura que la falta de previsión, planificación y entendimiento entre las Administraciones la estén pagando los ciudadanos. La suspensión del contrato puede acarrear que el Ayuntamiento pague daños y perjuicios a la adjudicataria de las obras
La concejala de IU Verdes Lorca, Gloria Martín, ha lamentado que el Ayuntamiento de Lorca haya tenido que acordar la "suspensión temporal total" del contrato relativo a las obras de acondicionamiento y mejora de infraestructuras entre la Alameda de Cervantes y el camino Marín, que no serán reanudadas hasta que Adif no lo autorice.
El acuerdo, recogido en el acta de la Junta de Gobierno Local del pasado 19 de noviembre, se produce a instancia de la dirección facultativa de la obra que estaba siendo ejecutada por la empresa LEAMAR 2.001, S.A. con un coste de 262.481,51 euros, y cuyo promotor es el Ayuntamiento.
Las obras consistían en la interconexión de los barrios de la Alameda de Cervantes, adyacente a la Avda. Juan Carlos I, y los nuevos ubicados en el Camino Marín, a través de la calle Carlos María Barberán, con objeto de incorporar este vial como vía de evacuación en caso de emergencia. La paralización afecta a la calle de nueva apertura prevista, y que discurre paralela a la vía del ferrocarril y también a las obras del paso a nivel.
Martín explicó que los trabajos comenzaron el 26 de enero de 2018 y tenían un plazo de ejecución de nueve meses. Sin embargo, el 11 de mayo el Ayuntamiento recibió comunicación de Adif suspendiendo temporalmente las autorizaciones de obras en tanto no se resolviera el estudio de trazado de la línea de Alta Velocidad a su paso por Lorca. "Ahora, el contrato está directamente suspendido", se lamentó Martín, quien recordó que, a pesar de que el estudio informativo del trazado ya se ha hecho público, la dirección de la obra asegura que "no se tiene constancia de la autorización de Adif" para continuar con su desarrollo.
Martín ha recordado que la suspensión de los trabajos puede conllevar que la Administración tenga que abonar al contratista "daños y perjuicios", por lo que ha criticado que el Ayuntamiento se metiera "en este berenjenal" sin tener garantizados los permisos del administrador ferroviario. La edil de IU-Verdes también ha censurado la actuación de este organismo, dependiente del Ministerio de Fomento, que sigue sin autorizar que los trabajos puedan continuar. "Si es verdad que existía un permiso previo de Adif que luego fue revocado, exigimos al concejal responsable que lo enseñe", en alusión a Ángel Meca (PP). "Los vecinos están hartos de escuchar como unos y otros se espantan las pulgas mientras nadie da la cara y se responsabiliza de lo que está sucediendo".
Lo mismo en Camino Marín
Algo parecido están sufriendo los vecinos del camino Marín por el conflicto entre el Ayuntamiento y Telefónica a cuenta del soterramiento de la línea, que ha originado que las obras de esta vía lleven meses paralizadas.
Ello está generando serios problemas de accesibilidad en una zona que es especialmente transitada porque en sus inmediaciones se ubican importantes servicios públicos como la comisaria de Policía Nacional, el centro de Salud de Sutullena y su SUAP, el centro de salud mental, la escuela municipal de música o una guardería pública. "Las personas con movilidad reducida, e incluso quienes empujan una silla de bebé, tienen que caminar entre zanjas y hoyos y sortear incontables barreras físicas", explicó Martín, quien lamentó que la falta de planificación y de entendimiento entre las Administraciones la estén pagando los ciudadanos.
