El portavoz del Grupo Municipal de IU-V, Pedro Sosa, ha anunciado que defenderá en el próximo Pleno del Ayuntamiento, como moción urgente, una iniciativa consistente en dotar de recursos humanos especializados a la concejalía de Consumo para que se preste ayuda a los ciudadanos de Lorca que tienen suscritas hipotecas con los bancos y que en su día asumieron en sus bolsillos el coste del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD)
La famosa sentencia del Tribunal Supremo, conocida el pasado jueves 18 de octubre, y que trae causa inicial de una demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid gobernado por IU, ha acabado por dar la razón a los ciudadanos frente a las entidades bancarias, obligando a estas últimas a correr con unos impuestos que trasladaban ilegalmente a los clientes.
La lógica de la sentencia es aplastante, según Sosa, el único interesado en que la hipotecaconste en una escritura pública y se inscriba en el registro es la entidad financiera, ya que con ello se asegura la recuperación de la cantidad prestada en caso de impago, por lo tanto, lo justo es que sea también el banco quien corra con un gasto derivado de un acto que sólo a ellos beneficia.
El Portavoz de IU-V afirma que en este caso su grupo político actúa de la misma manera que otras veces ante temas similares (como con las sentencias del mismo TS sobre cláusulas suelos, o sobre plusvalías) exigiendo la implicación del Ayuntamiento para prestar asesoramiento gratuito y solvente a sus ciudadanos con el fin de hacer frente de la mejor manera posible a las reclamaciones que se deben interponer, ya sea en vía administrativa o en vía civil.
Con independencia que cómo resuelva el Tribunal Supremo el problema que su Presidente ha planteado -en interés de los bancos- para que sea el Pleno del Tribunal y no una Sala del mismo quien decida sobre el alcance de esa sentencia y su retroactividad, Sosa sostiene que hay que hacer caso a las asociaciones de consumidores y usuarios que, como ADICAE, animan a interponer cuanto antes las reclamaciones frente a la banca, que además, en función de la vía que se elija, podría incluir no sólo la petición de devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) sino también los gastos registrales y notariales, los de gestoría si los hubiese, y los de tasación. Si el Tribunal Supremo finalmente recula dando la razón a los bancos, las asociaciones de consumidores están convencidas de que el contencioso se elevará a los tribunales europeos y que el fallo de los mismos será, como en otras ocasiones, favorable a los consumidores.
Sosa espera que el gobierno local sea receptivo a su petición y que la Concejalía de Consumo se dote del personal cualificado oportuno para asumir y prestar en condiciones el asesoramiento que los lorquinos afectados necesitan para elaborar y presentar sus reclamaciones.
El Portavoz de IU-V calcula que puede haber en torno a 18.000 lorquinos con hipotecas vivas, si tenemos en cuenta que en España son 8 millones (20% de la población) las personas que están en esa misma situación.
