La concejala de Izquierda Unida-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha vuelto a denunciar el derrumbe de una cornisa en pleno casco histórico, concretamente en la calle Almirante Aguilar. La caída de parte de una cornisa se produjo ayer por la tarde, justo cuando acababa de pasar una pareja con sus hijos menores, tal y como ha relatado a Martín una comerciante de la zona, visiblemente preocupada.

Dicha vía, peatonal, muy transitada porque por ella se accede al Ayuntamiento y a los juzgados de Lorca, es también una de las más concurridas en la Feria y Fiestas de Lorca que se celebrarán en septiembre. Por ello, Martín ha exigido la revisión inmediata de todos los edificios para evitar nuevos derrumbes.

Martín ha recordado por enésima vez al equipo de Gobierno del PP su obligación de exigir a los propietarios de inmuebles las pertinente condiciones legales de seguridad. En ese sentido, ha lamentado que la falta de una actuación "seria e integral" por parte del Ayuntamiento ocasione un "peligro vital" para los peatones que atraviesan el casco viejo de la ciudad.

La edil de IU-Verdes ha dicho sentirse "impotente" ante los continuos avisos de su formación sobre esta situación de peligro, que son "sistemáticamente ignorados" por el equipo de gobierno municipal del PP, quien se muestra "indiferente" ante el grave riesgo de que algún desprendimiento pueda tener como resultado la muerte o lesiones graves para algún ciudadano.

Gloria Martín ha tachado de "insensato" y "temerario" que el Ayuntamiento se resista a exigir a los dueños de estos inmuebles "la obligación legal de su conservación" con la finalidad de garantizar la seguridad pública.

La concejala de IU-V reitera su exigencia de aplicar "una política de mano dura" en los casos de viviendas en ruinas, mediante la imposición de multas a los propietarios que incumplan sus deberes "porque está en juego la vida de las personas". Así mismo, se ha mostrado partidaria de que el Ayuntamiento "explore la vía de la expropiación" en los casos de incumplimiento flagrante de la legislación, de manera que los edificios "que suponen un peligro y ponen en riesgo la integridad física de los vecinos" pasen a ser un "activo" para el casco histórico.