Mientras tanto, los propietarios de una casa solariega en Lorca, subvencionada con 428.000 euros, venderán el edificio, reconvertido en pisos de lujo, por partes. Las obras, que aún no han terminado, deberían haber finalizado y haberse justificado hace dos años. "¿Alguien piensa que el PP va a pedir a sus propietarios que devuelvan ni un duro?", se preguntó la concejala de IU, Gloria Martín

El diputado nacional de IU, Ricardo Sixto, ha pedido amparo a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para que la batería de preguntas que el parlamentario dirigió al Gobierno de España el pasado 8 de febrero, al objeto de que se clarifique lo relacionado con el procedimiento masivo de reintegro de subvenciones por los terremotos, sea respondida.

Según el Reglamento del Congreso, la contestación a las preguntas escritas debe realizarse dentro de los veinte días siguientes a su publicación, lo que tuvo lugar el 19 de febrero. La respuesta por escrito del Gobierno acumula ya 76 días de retraso.

Sixto, quien ayer participó en Lorca en una asamblea de la plataforma de afectados junto a los concejales de IU, Pedro Sosa y Gloria Martín, y al coordinador local de esta formación, José García Murcia, anunció que ha solicitado a Pastor que ordene que la pregunta se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión permanente, donde recibirá el tratamiento de pregunta oral y deberá ser contestada personalmente por un miembro del Gobierno, tal y como establece el artículo 190.2 del Reglamento de la Cámara.

El diputado nacional de IU criticó duramente que siete años después de los seísmos, el Gobierno central y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, planteen un procedimiento de reintegro de las ayudas "inflexible, intolerante e insensible". "Si son ellos quienes, intencionadamente y por interés electoral, han retrasado durante años la comprobación del empleo de las subvenciones, ahora tienen la obligación de facilitar esa tarea a los afectados", dijo. "A estas alturas no pueden venir con que si falta un simple sello u obligar a los afectados a obtener duplicados de facturas de empresas que ya ni existen", aseguró. Por ello, exigió que la CARM y el Estado procedan a comprobar la realización de las obras mediante visitas de técnicos y que cierre los expedientes "porque además así lo posibilita el decreto que regulaba las ayudas".

Ricardo Sixto lamentó que el Partido Popular esté tratando a los damnificados afectados por la devolución de las ayudas como si fueran "estafadores", cuando la inmensa mayoría de los lorquinos gastó el dinero de las ayudas en reparar sus casas para volver a ellas, tal y como reconoció la propia concejala de los terremotos, Saturnina Martínez (PP) tras las supervisiones que están llevando a cabo técnicos municipales.

El parlamentario nacional lamentó que unas ayudas inicialmente solidarias se hayan convertido en un auténtico calvario que tiene a los afectados presos en una maraña burocrática. Un procedimiento extemporáneo, caótico y plagado de irregularidades por el que nadie en el Gobierno autonómico ni estatal ha asumido responsabilidades.

Pisos de lujos en casas solariegas subvencionadas

La concejala de IU, Gloria Martín, lamentó que el PP se esté cebando con los más débiles, que son los afectados que tenían un infraseguro o carecían de él porque el terremoto golpeó a Lorca en los años más duros de la crisis económica, con una ciudadanía gravemente afectada por el paro.

En contraposición, Martín denunció casos como el del palacio de los Irurita, una casa solariega "hecha polvo mucho antes de los terremotos" y cuyos propietarios recibieron una subvención de 428.000 euros para su restauración tras los seísmos. Martín denunció que los dueños vayan a aprovechar esta subvención para vender su propiedad "por partes" al reconvertirla en "pisos de lujo" gracias al dinero público.

Pero es que, además, el Gobierno regional concedió la subvención a los propietarios de la Casa de los Irurita hace tres años (Decreto n.° 82/2015, de 22 de mayo). El plazo para la ejecución de las actuaciones concluyó el 15 de mayo de 2016 y la justificación de los gastos y pagos debía haberse realizado en los tres meses siguientes.

"Dos años después del plazo máximo la obra no ha terminado, pero pongo la mano en el fuego a que ni la CARM ni el Ayuntamiento van a exigir a los propietarios que devuelvan ni un duro", censuró Martín. La propiedad tampoco ha cumplido con la obligación de indicar en los carteles que la obra se realiza con financiación y con la colaboración de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.