El PSOE se ha visto obligado a acudir a la justicia para que se le haga entrega de una copia del proyecto de obras de la Avenida Juan Carlos I

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El PSOE se ha visto obligado a acudir a la justicia para que se le haga entrega de una copia del proyecto de obras de la Avenida Juan Carlos I

Tras reiteradas peticiones para la obtención de una copia en formato digital, un simple CD, y la falta de respuesta del Alcalde y su equipo de gobierno, el PSOE acudió el día 14 a la jurisdicción contencioso administrativa para obtener dicha documentación, y se pregunta a qué tienen miedo para no entregarla.

El Portavoz del PSOE, Diego José Mateos ha manifestado que tras la consulta que pudo hacer él mismo de la documentación en las dependencias de contratación, solicitaron al Alcalde, hasta en dos ocasiones, que se entregue una copia del proyecto, para su examen más detenido y por personas capacitadas para analizar los proyectos. Durante esa consulta, el portavoz socialista comprobó que el proyecto se encontraba disponible en "soporte digital".

Mateos se pregunta "qué se quiere ocultar, o esconder para que no se sepa, acerca de la terminación y calidades de las obras de Juan Carlos I", para "negar" la entrega de una copia en formato CD o DVD, que insiste, "está ya realizada" por parte del el servicio de contratación, a espera de la orden de entrega al PSOE.

El líder de los socialistas asegura que se trata de un incumplimiento flagrante, tanto de la normativa local que asiste a los concejales como de la normativa de transparencia que establece "que todos los ciudadanos, también los concejales, tienen derecho a la obtención de copias de los documentos que obren en los expedientes".

Mateos asegura que es "triste" que tengamos que acudir de nuevo a la justicia para obtener una documentación que está preparada para su entrega, como ya pasó con las obras de remodelación de La Viña.

El pasado día 14 se presentó ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Murcia el correspondiente recurso contencioso-administrativo por el procedimiento para la Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona conforme el artículo 114 y siguientes de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contenciosos Administrativa, que es el procedimiento previsto para defender el derecho de los concejales a acceder a los documentos e informaciones que le son negadas por la Corporación.

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