Para Martín resulta "gravísima" y "demencial" la concesión de licencias a una explotación que, al mismo tiempo y con conocimiento del Ayuntamiento, "incumple las distancias que determina el Plan General por lo que el propio consistorio ordenó su derribo"

La concejala de Izquierda Unida-Verdes de Lorca ha denunciado el incumplimiento del Ayuntamiento sobre la orden de demolición que pesa sobre un cebadero, cuyo promotor fue sancionado por la Sección de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Lorca al incumplir el Plan General en cuanto a la distancia mínima de 500 metros al suelo urbanizable sectorizado de la Hoya. Además, para la realización de la obra, el infractor tampoco aportó autorización de la Consejería de Agricultura y Agua, según reza la documentación que ha sido facilitada a IU-Verdes.

Por ese motivo, Urbanismo declaró las obras "no susceptibles de legalización" y ordenó su demolición el 20 de mayo de 2014, sin que se haya llevado a cabo casi cuatro años más tarde. El propio Servicio de Intervención Urbanística apreció un "agravante" en la actuación del infractor por "resistencia a las órdenes emanadas de la autoridad, relativas a la defensa de la legalidad urbanística" una responsabilidad que también se extiende al técnico director de las obras ya que se prosiguió con la construcción de la nave a pesar de las órdenes, primero de paralización, y luego de demolición.

En la diligencia de notificación al infractor, se le ordenaba que procediera a la demolición de una nave de 360 m2 en un plazo de 30 días, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento "las actuaciones serían ejecutadas por las brigadas municipales o personal contratado a costa del obligado", de conformidad con la ley, lo que no se ha producido.

Por si fuera poco, el ganadero tampoco realizó en su momento las actuaciones a que le obligaba la legislación en materia de bienestar animal por lo que el Jefe de Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General de Ganadería y Pesca de la CARM propuso la disminución de la capacidad autorizada a un máximo de nueve cerdas reproductoras, tal y como contempla el Real Decreto 1392/2012.

De forma extemporánea, el infractor solicitó de la Consejería de Agricultura y Agua un informe favorable sobre ampliación de su explotación en relación a una nave de gestación animal de 360m2 (la nave declarada ilegal) con capacidad para 90 plazas reproductoras. La Consejería de Agricultura no encontró "inconveniente" a dicha ampliación y emitió informe favorable sin entrar a valorar el cumplimiento de las distancias mínimas que establece el Plan General, ni las condiciones impuestas por la normativa sectorial aplicable relacionada con el carácter molesto o el riesgo sanitario o medioambiental, ni siquiera el incumplimiento previo de la legislación relativa al bienestar animal.

Por si fuera poco, en julio de 2014, tras una inspección ocular de la consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, se comprueba que en la explotación existen 280 madres reproductoras, lo que incumple flagrantemente lo expuesto por el solicitante de la autorización en el proyecto, según las denuncias de los afectados.

Y, por último, en marzo de 2016, la Teniente de Alcalde delegada de Urbanismo, Saturnina Martínez, concede licencia de actividad y obras al cebadero afectado por una orden de demolición de su propia concejalía, desestimando las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos de La Hoya y por seis familias directamente afectadas, amparadas en denuncias del SEPRONA.

Por todo ello, los afectados acusan al Ayuntamiento de Lorca de "priorizar los intereses económicos de este ganadero frente a los derechos de los ciudadanos" y de "no defender la legalidad vigente", por lo que han tenido que recurrir a la interposición de un recurso contencioso-administrativo que está a la espera de resolución judicial.

Al respecto, Martín ha pedido explicaciones a la concejala de Urbanismo sobre la concesión de una licencia de actividad y obras a una explotación que, al mismo tiempo y con conocimiento del Ayuntamiento, "incumplía el Plan General y tenía decretada una orden de demolición por parte del propio consistorio". El Plan General no ha cambiado al respecto y exige que las nuevas ampliaciones de las explotaciones de ganado porcino no queden a menos de 500 metros del suelo urbanizable sectorizado, algo que sigue incumpliendo esta explotación.