La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha alertado también de que a quienes se acojan a la vía de la justificación de presentación de informe técnico de la vivienda, se les va a exigir la presentación de justificantes de pago, lo que supone un "obstáculo terrible" para los afectados

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha dado cuenta de la reunión mantenida esta mañana con la Secretaria General de la Consejería de Fomento, Yolanda Muñoz, en la que ha participado junto a representantes de la Plataforma de Afectados por la Devolución de Ayudas de los Terremotos (PADAT) de Lorca.

Martín ha facilitado a la número dos de Fomento un documento donde expresan todas las dudas respecto al proceso de reintegro masivo de las ayudas iniciado hace nueve meses por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), cuando ya he había cumplido el sexto aniversario de la tragedia, lo que para la edil de IU-Verdes es "absolutamente extemporáneo".

PRESCRIPCIÓN

A juicio de IU-Verdes y de la PADAT, y tal y como recoge la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la CARM, el derecho de la Administración a reconocer o reclamar el reintegro de las ayudas prescribe a los 4 años (Art. 33). Por su parte, el artículo 33.2 a) de la Ley de Subvenciones de la CARM estipula que dicho plazo computará "desde el día siguiente a aquel en que venció el plazo para presentar la justificación por parte del beneficiario". Exactamente en el mismo sentido se expresan los artículos 39.1 y 39.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Para IU-Verdes y la PADAT el momento en que vence el plazo para justificar la subvención y, por tanto, empiezan a computar los cuatro años para la prescripción, se produce seis meses después de la finalización de las obras (tres meses a contar desde la notificación de la resolución de la ayuda si las obras se realizaron antes de la concesión de ésta), tal y como queda recogido en el artículo 10.3 del Decreto 68/2011, de 16 de mayo, por el que se regulan las ayudas para la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas: La justificación por parte de los perceptores del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda, se realizará en el plazo de los seis meses siguientes a la finalización de las obras y, en el caso de obras ya realizadas, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la Resolución si no se ha hecho con carácter previo a su concesión.

Sin embargo, la CARM no tiene claro aún cuál es el criterio a aplicar y habla de que el plazo de justificación vencía a los doce meses desde la concesión de la ayuda, que en realidad era el que los afectados tenían para realizar las obras de reparación y que en la mayoría de los casos no se agotó porque los damnificados tenían urgencia por regresar a sus casas. Martín ha intentado explicar a Muñoz y a su gabinete jurídico lo ilógico de esa interpretación y les ha pedido que se ajusten a la legalidad.

No obstante, la concejala de Izquierda Unida-Verdes pedirá mañana al Ayuntamiento de Lorca que solicite al Consejo Jurídico de la Región de Murcia un dictamen facultativo para clarificar este asunto, que afecta a más de un 80% de los casos de la PADAT. Además ha exigido que la Administración, de oficio, informe a aquellos afectados cuya ayuda ha prescrito.

INFORMES TÉCNICOS

Martín ha expresado su desconcierto porque tras el anuncio realizado la semana pasada por la concejala de los Terremotos, Saturnina Martínez, quien aseguró, tal y como piden IU y la PADAT, que los certificados técnicos servirá para justificar el empleo de las ayudas en las viviendas siniestradas, Yolanda Muñoz les haya asegurado que dichos informes no servirán "si no van acompañados de justificantes de pago". Al respecto, la edil de IU-Verdes le ha recordado que esos certificados se están emitiendo precisamente porque muchos afectados no tienen ya acceso a las facturas ni a los justificantes de pago tras desaparecer las empresas que ejecutaron las obras o por la negativa de algunas de éstas a facilitar dicha documentación transcurrido tanto tiempo.

"Debería ser suficiente con comprobar que el dinero de la ayuda está en el yeso, en la pintura, en los azulejos y en los pilares de las vivienda", dijo Martín. Como solución, y en el peor de los casos, la concejala ha pedido a Muñoz que se permita a los afectados aportar declaraciones juradas como modo de acreditar dichos pagos.

LÍMITE DE LAS AYUDAS

Muchos afectados están siendo requeridos para que devuelvan las ayudas porque la suma de la subvención pública y de la indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) -a la que tenían derecho en virtud de una póliza de seguro privado, bien de la vivienda o de la comunidad de propietarios- excede de la tasación de daños que hizo la CARM. Acerca de ello, Martín ha explicado que, según el artículo 13 del Decreto 68/2011, el límite de la suma por ambos conceptos es "el coste real de las obras" y no la tasación de ningún organismo.

"Ni en esa, ni en ninguna otra norma se advierte que la justificación deba realizarse en base a la valoración con la que se calculó la subvención concedida", tal como ahora se pretende por parte de la administración con evidente vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad e inderogabilidad singular de los reglamentos", explicó Martín.

OTRAS CUESTIONES

IU y la PADAT también han pedido que se clarifique el modo en que se calcula el importe a devolver por los afectados. "Nos encontramos casos de personas que han aportado facturas y justificantes de pago por importe superior a la ayuda y aun así les comunican que tienen que devolver parte de ella. También han puesto en conocimiento de Yolanda Muñoz la caducidad de procedimientos de reintegro iniciados en 2015 que no fueron finalizados por la CARM en el plazo que establece la ley (12 meses). Además han solicitado que se atienda la problemática de aquellas personas a las que no se les ha descontado de la indemnización del CCS que percibieron para arreglo y reposición de contenido.

Por último, Martín ha pedido a la Secretaria General de Fomento que se interese por la situación de los vecinos del edificio Atenea, en la calle Albañilería de La Viña, a quienes la constructora (Barea) dejó "tirados" sin terminar las obras y sin proporcionarles facturas, por lo que ahora no tienen modo alguno de justificar el dinero que le dieron a dicha empresa.