Tras el pleno de presupuestos de hoy, Antonio Meca opina que “el Equipo de Gobierno se ha negado hasta ahora a aceptar las propuestas de mejora realizadas por este Concejal, sabe perfectamente que son buenas para la economía municipal y que corrigen prácticas antiguas y perjudiciales para los ciudadanos”.
Para este Grupo Municipal los primeros presupuestos del nuevo Alcalde son continuistas y no abordan el verdadero problema existente en el gasto corriente municipal relacionado con el abuso de los contratos menores que han sido un verdadero coladero para empresas amigas o familiares.
Meca informó ayer de una batería de propuestas que debían aceptarse para condicionar el voto afirmativo a los presupuestos para 2018:
- Cese del gerente de Limusa.
- Destitución del gerente de Aguas de Lorca y revisión de los estatutos de la empresa.
- Eliminación de los contratos menores a dedo, pidiendo siempre tres presupuestos.
- Eliminación de empresas interpuestas o pantalla.
- Alternativa de gestión para las empresas públicas deficitarias (aparcamientos de San Vicente, Huerto de la Rueda y ahora Pasarela), Lorca Taller del Tiempo.
- Mayor transparencia en la contratación pública y en la selección de personal.
- Bajada del IBI (bajar el tipo hasta que se revisen los valores catastrales).
- Se regularice la situación laboral de los músicos de la Banda Municipal de Música.
“Ni el Alcalde ni el Concejal de Economía y Hacienda, han querido aceptarlas, incluso, han rechazado las dos enmiendas presentadas que se refieren a acuerdos plenarios que se aprobaron por unanimidad”, comenta Meca. Y añade que “la Ley que entrará en vigor en marzo referida a los contratos del sector público, impulsada desde Europa, va a venir a corregir los desmanes que se han venido cometiendo durante años y que el Equipo de Gobierno no ha querido abordar voluntariamente”.
A este respecto el Concejal ha acusado al Alcalde de “falta de valentía” para solucionar este despilfarro a las arcas públicas.
El control económico del Ayuntamiento y de las empresas públicas reportaría un ahorro económico de muchos millones de euros, que podrían ser destinados a la bajada de impuestos y costes en servicios, atención social o eliminación de deuda, entre otros.
