La concejala de esta formación, Gloria Martín, explicó que el acuerdo plenario consiste en que las inspecciones técnicas de las viviendas reparadas sean "una prueba válida" para que los vecinos que ya no tienen en su poder las facturas, puedan ver archivados definitivamente sus expedientes, y que es la "solución política" por la que siempre ha apostado IU-Verdes
La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha exigido al presidente autonómico, Fernando López Miras, que ponga en marcha, de manera inmediata, el acuerdo adoptado el pasado viernes por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Lorca que afecta a las 800 familias a las que la Comunidad Autónoma está reclamando la devolución de las ayudas otorgadas para rehabilitación de las viviendas afectadas por los seísmos de mayo de 2011.
El acuerdo plenario consiste en que las inspecciones técnicas de las viviendas reparadas sean "una prueba válida" para que los vecinos que ya no tienen en su poder las facturas, puedan ver archivados definitivamente sus expedientes.
Para Martín, "entendemos que los casos en los que la Administración compruebe que las reparaciones se han efectuado deben quedar archivados, y dejar de molestar a los vecinos con reiteradas peticiones de facturas de datan de hace más de cinco años". Por ello, se ha mostrado satisfecha por la adopción de este acuerdo por parte del Pleno Municipal, "que es el que IU-Verdes ha defendido siempre", aunque manifestó su "preocupación" puesto que es el Gobierno regional el que debe aplicar la medida.
La edil de IU-Verdes tildó de "incomprensible" la actuación de la Administración quien exige devoluciones de las ayudas a los beneficiarios cuando, en la inmensa mayoría de los casos, ha prescrito el derecho de la Comunidad Autónoma al reembolso de ese dinero. Martín aseguró que la "desidia" de la CARM y el descontrol del que ha hecho gala en todo el proceso, también hará posible que ciudadanos que no actuaron correctamente puedan ahora evitar el reintegro de las ayudas. Por ello, en el Pleno Municipal del pasado viernes, IU-Verdes exigió "responsabilidades políticas" y pidió que el Ayuntamiento instara a la Administración regional a dar cuenta del número y alcance económico de los procedimientos prescritos. Una propuesta que fue rechazada con los votos del Partido Popular en una actitud que Martín calificó de "irresponsable".
