Adoración Peñas afirma que este Ayuntamiento es un insumiso a los mandatos de las leyes de patrimonio histórico y de las normas urbanísticas
La concejala de IU-V, Adoración Peñas, ha afirmado esta mañana que andar por las calles del casco histórico de Lorca debe dejar de ser "un ejercicio de riesgo" y si hoy lo es, afirma, es porque tanto muchos propietarios de sus inmuebles, como el propio Ayuntamiento, están haciendo una auténtica dejación de sus obligaciones plasmadas negro sobre blanco en tanto en las leyes urbanísticas, como, había cuenta su ubicación, en el ordenamiento jurídico protector del patrimonio histórico.
Esta situación a la que se ha llevado al conjunto histórico de Lorca, señala la concejal, ya no sólo está implicando una pérdida irreparable de las arquitecturas que han venido caracterizando la zona histórica de Lorca, sino que además se está poniendo en riesgo lo más importante, la vida de los viandantes. Ya no sólo es el caso del inmueble acordonado en la calle Pio XII, es que en cualquiera de las calles del casco histórico nos encontramos con inmuebles que presentan una "estática milagrosa", con mellas evidentes en sus tejados y balconadas, y con elementos que pueden caer en cualquier momento a la vía pública y provocar daños irreparables en las personas que transitan por ella.
Adoración Peñas ha señalado que entre las alegaciones, aún no contestadas por el gobierno local, que su grupo político ha presentado al avance del PEPRICH se encuentra precisamente una que advierte a los redactores de este documento que "entre los instrumentos de los que se ha dotado el ordenamiento jurídico protector del patrimonio histórico, se encuentra tanto la ejecución subsidiaria como la expropiación ante supuestos de incumplimiento de las obligaciones de todo propietario de un bien protegido. En tal sentido les instamos a incluir entre el articulado una previsión similar a la que ya contempla la Ley de Patrimonio Histórico Español en su artículo 36, de modo que el incumplimiento de las obligaciones establecidas sea causa de interés social para la expropiación forzosa de los bienes protegidos".
La concejala de IU-V advertirá en el próximo Pleno al gobierno local de su obligación de comunicar a los propietarios de los inmuebles que la propiedad de estos conlleva una serie de obligaciones, y la primera de ellas, tal y como se establece en la Ley Regional de Ordenación Territorial y Urbanística es (art.110.1): "mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato público. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y del paisaje y de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana, conforme a lo establecido en la legislación básica estatal".
El ordenamiento jurídico, sigue afirmando Peñas, contempla asimismo que la Administración competente podrá imponer, en cualquier momento, la realización de obras para el cumplimiento del deber legal de conservación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicables, y que en los casos de inejecución injustificada de las obras ordenadas, dentro del plazo conferido al efecto, se procederá a su realización subsidiaria por la Administración Pública competente.
Finalmente Adoración Peñas ha anunciado que en el próximo Pleno, además de las advertencias ya mencionadas, preguntará al gobierno local sobre el número de veces que ese gobierno se ha puesto en contacto formalmente con los propietarios para advertirles sobre sus obligaciones.
