El grupo Municipal Ciudadanos presentará en el próximo pleno del 29 de mayo una moción sobre protección de los funcionarios que denuncien casos de corrupción.

El Concejal Antonio Meca justifica la importancia de esta iniciativa: "durante los últimos años, hemos conocido numerosos casos de corrupción política en los diferentes niveles de la Administración (municipal, autonómico y nacional), gracias tanto al trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como a las investigaciones judiciales y periodísticas".

En la mayoría de estos casos, desvelar tramas de corrupción en el seno de la Administración ha sido posible gracias a la valentía de los funcionarios y empleados públicos que denuncian las irregularidades que se cometen en el entorno laboral en el que desarrollan su trabajo. Sin embargo en muchas ocasiones el miedo a las represalias puede funcionar como elemento inhibidor de la voluntad de los funcionarios y empleados públicos a la hora de desvelar las supuestas irregularidades.

"Se trataría", nos indica el edil de Ciudadanos, "de dar un primer paso para la creación en nuestro Ayuntamiento de un marco específico y eficaz para proteger al denunciante de corrupción, y es necesario que esta protección se extienda a la Administración Local".

Así pues Ciudadanos va a proponer que el Ayuntamiento de Lorca estudie la creación de un marco de protección para los empleados del sector público que informen sobre malas prácticas de los gestores públicos y posibles delitos de los mismos.

Otro acuerdo propone que el Ayuntamiento lleve a cabo las actuaciones oportunas para poner en funcionamiento los procedimientos, vías y formas de tratamiento de la información que le sea facilitada por su personal o el de sus órganos autónomos y entes dependientes, respecto a las actuaciones que hayan sido realizadas por altos cargos o personal del Ayuntamiento en ejercicio de sus funciones de las que pudieran derivarse malas prácticas o un posible delito contra la administración pública.

También propondrá que se inste a la Asamblea Regional de Murcia y al Consejo de Gobierno a que desarrolle una normativa legal de alcance autonómico que establezca un marco de protección jurídica para los funcionarios y empleados públicos que denuncien episodios de corrupción en el seno de la Administración Pública.