A los conflictos en Campillo, Tercia o La Hoya se suman los de La Escarihuela, Pozo Higuera y La Escucha, donde pretende construirse una explotación en plena zona endorreica de la rambla de Nogalte que podría contribuir a un desastre humano, medioambiental y económico en caso de avenidas

La Plataforma 'Stop cebaderos junto a las casas' ha retomado sus actividades de protesta después de que el Ayuntamiento lleve varios meses sin convocar la comisión especial para la conciliación de los usos residenciales y ganaderos del suelo en la huerta de Lorca.

Esta comisión fracasó en su intento de aprobar una ordenanza que estableciera en 15 metros (actualmente son 5) la distancia entre viviendas y cebaderos de porcino. La rotunda oposición de Izquierda Unida-Verdes, quien defiende una adecuada ordenación del territorio y sus usos así como los derechos de los vecinos a la salud y a un medio ambiente adecuado, motivó que no hubiera consenso y que la ordenanza fuera retirada del orden del día del Pleno Municipal el pasado mes de enero. Desde entonces, el equipo de gobierno del PP no ha vuelto a dar señales de vida a pesar de que la problemática no sólo sigue vigente sino que afecta a un número más amplio de ciudadanos y ciudadanas.

Antonio García Montero, afectado, ha denunciado la "desesperación" de los vecinos de la pedanía de La Escarihuela, y de los núcleos rurales de La Campana (Pozo Higuera) y La Piscina (La Escucha) por las licencias concedidas recientemente por el consistorio para dos explotaciones porcinas una de 2.000 cabezas y otra de ampliación para 7.198 a pocos metros de sus casas.

García Montero ha explicado que una de las licencias ha sido concedida a pesar de que las instalaciones se construirán en plena zona endorreica de la rambla de Nogalte, una de las más peligrosas de la Región de Murcia, lo que calificó de "terrible falta de responsabilidad" por parte del Ayuntamiento.

Esta construcción taponará el cauce de dicha rambla, ya obstruida por 70 hectáreas de invernaderos, en su salida hacia Cuevas de Almanzora y Pulpí por la de Canalejas. "No hay espacio para que el agua drene", explicó García, quien alerta del "desastre medioambiental, humano y económico" que se producirá en caso de avenidas.

"A pesar de nuestras advertencias, los responsables de otorgar la licencia municipal lo han hecho sin ni siquiera visitar la zona y hacer comprobaciones in situ", se lamentó el afectado, quien añadió que "la seguridad y el bienestar de las personas no puede estar por encima del interés empresarial". "En el Ayuntamiento nos han dicho que todo está legal y que el promotor del cebadero ha firmado un papel por el que se hace responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar esta obra", explicó el vecino quien tildó de "escandaloso" que el equipo de gobierno municipal permita actuar en una rambla y, además, "se lave las manos". Por todo ello, los afectados exigen la paralización de las obras de construcción de dicha explotación porcina.

Por su parte, la portavoz de la plataforma, "Stop cebaderos junto a las casas", Concepción Bravo, anunció que los afectados van a exponer su problemática al Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas.

También pondrán los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente ya que entienden que el Ayuntamiento está atentando contra derechos protegidos por la Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. "Ya existen sentencias en Europa que han resuelto en favor de los ciudadanos por las molestias provocadas por instalaciones que impiden una vida familiar y privada normal", recordó.

Bravo aseguró que el Ayuntamiento no les ofrece ninguna respuesta y que "ni siquiera tiene la cortesía" de contestar a sus peticiones de reunión. "Es una situación insostenible ante la que nos vemos obligados a solicitar el amparo de los órganos constitucionales", aseguró Bravo, quien confió en contar con la ayuda del Defensor del Pueblo y del Fiscal de Medio Ambiente "porque hemos perdido toda esperanza de que el gobierno municipal atienda las demandas de sus representados en una actitud irresponsable, cobarde e inaudita".

Por ello, los afectados han decidido "plantarse" hoy en la antesala de la Alcaldía y permanecer allí hasta ser recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Jódar. Para ello, se han aprovisionado de víveres a través de neveras portátiles y utilizarán sillas de playa "por si la espera es muy larga", dijo la portavoz de la plataforma. Estarán acompañados de la concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, quien volvió a mostrar el apoyo de su formación a este colectivo.

Martín lamentó las trabas que desde el gobierno municipal del PP se está poniendo a los afectados para poder defender sus intereses. "No se les permite acceder a los proyectos urbanísticos que les perjudican directamente", explicó la edil de IU-Verdes. "Desde nuestro grupo municipal hemos solicitado copia de los mismos, pero el alcalde ha respondido que sólo podemos consultar los expedientes sin reproducirlos por ningún medio y estando obligados a guardar reserva absoluta sobre su contenido", dijo Martín.

Para la concejala de IU-Verdes, es "infame" que el PP impida el derecho a obtener copia de dichos expedientes, una "resistencia política y burocrática" que hace sospechar que podrían estar cometiéndose negligencias "ante las que nuestra formación política no va a permanecer en silencio porque lo que está en juego es la salud y el bienestar de nuestros vecinos".