Pide asimismo que Lorca se una a la campaña que promueve la reforma constitucional para explicitar con completas garantía en el texto de la Ley Fundamental en mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones

Las personas mayores y sus problemáticas, tan ajenas por desgracia a la política local, serán protagonistas de uno de los puntos del orden del día del próximo Pleno Municipal gracias a una moción que defenderá la concejala de IU-V, Adoración Peñas.

Dos asuntos, distintos pero muy relacionados, son los que aborda la moción de IU-V. De un lado exigir la recuperación de las pagas extraordinarias por parte de los usuarios de las residencias de la tercera edad, y de otro implicar a Lorca en la demanda que exigen los colectivos de mayores de toda España para garantizar constitucionalmente el poder adquisitivo de las pensiones.

Adoración Peñas recuerda que en el año 2012 el Gobierno Regional, desde su lógica política e ideológica, adoptó un paquete de medidas para hacer frente a la crisis económica entre las que destacó, por su importancia y efectos, la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de aquel año a los miles de funcionarios en nómina de la CARM. Pero hubo otras medidas de ese paquete que pasaron más inadvertidas. Una de ellas afectó a un colectivo tan vulnerable como el de las personas mayores usuarias de las residencias de la tercera edad de la Región, a las que a partir de ese momento se les empezó a incluir las pagas extraordinarias que cobraban en la base de cálculo que determina su aportación mensual a las residencias; una aportación que, hasta entonces, sólo tenía en cuenta las doce pagas ordinarias del año.

Toda vez que en las últimas semanas los funcionarios afectados por la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 han recuperado este ingreso, IU-V pretende que la recuperación de derechos que por fin ha llegado a los funcionarios se extienda y amplíe al colectivo de las personas mayores usuarios de las residencias de la tercera edad. Una medida que podría afectar a más de 200 residentes de Lorca repartidos entre las residencias de San Diego y CASER, y a cerca de 2.500 en el conjunto de la Región de Murcia, usuarios de las residencias de mayores (públicas o concertadas).

Lo sucedido en 2012 con los usuarios de las residencias de la tercera edad de la Región de Murcia, afirma Peñas, contraviene de modo palmario las disposiciones de la Constitución Española que en su artículo 50 dispone que: "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad…". Cabe recordar que este "robo continuado" realizado a nuestras personas mayores desde 2012 emulaba una iniciativa similar adoptada por el gobierno de la vecina comunidad de Castilla-La Mancha, entonces presidido por la ahora Ministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

A partir de entonces, recuerda Dori Peñas, se estableció un "agravio comparativo" respecto al resto de autonomías españolas, donde las personas mayores, y aquellas con discapacidad que viven en una residencia, disfrutan de sus pagas extras, lo que a todas luces vulnera el artículo 139.1 de la Constitución, que garantiza la igualdad de todos los españoles con independencia de donde residan.

Los usuarios de residencias y los familiares de los mismos denuncian que con el dinero de las pagas extraordinarias se podían atender gastos que no cubren sus plazas de residente, tales como seguros de decesos, sillas de ruedas, vestido y calzado, prótesis o medicamentos que están fuera del sistema sanitario.

La concejal de IU-V espera que ante el agravio social y territorial expuesto, el Ayuntamiento de Lorca sea receptivo a esta iniciativa que pretende instar al Consejo de Gobierno de la CARM a que realice de manera urgente los trámites precisos para que los usuarios de las residencias de mayores -públicas y concertadas- recobren sus pagas extraordinarias, dejando de estar sujetas a la base de cálculo que determina las aportaciones mensuales por plaza de residente, y, además que esa recuperación de derechos tenga efectos retroactivos y se devuelva a los mayores residentes lo que nunca se les debió quitar.

En otro orden de cosas muy relacionado con lo anterior, IU-V también planteará en esa moción al Pleno instar al Gobierno de España a que promueva una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones.