En vista de la situación de emergencia social por la que atraviesan muchas familias lorquinas en riesgo de exclusión residencial, desde el PSOE reivindican el cumplimiento de la Ley regional de Vivienda, y la Ley de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, para exigir a las empresas eléctricas que no realicen ningún corte en el suministro de luz y/o gas sin comprobar antes, vía Servicios Sociales, la imposibilidad de estas familias para hacer frente al pago de sus facturas

Las concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Marisol Sánchez Jódar y Andrea Periago han comparecido esta mañana para anunciar el contenido de una moción con la que el Grupo Socialista pedirá en el próximo Pleno que el Ayuntamiento de Lorca obligue a las empresas eléctricas que contrate a cumplir con un convenio de medidas contra la pobreza energética.

Según ha anunciado la Viceportavoz del PSOE, Marisol Sánchez el contrato que el consistorio mantiene con la empresa que presta servicio eléctrico al Ayuntamiento de Lorca vence el próximo 31 de agosto. Se trata de un contrato cuyo valor estimado asciende a 7.830.405,58 euros. A partir de ahí "se abre una oportunidad para que el equipo de gobierno haga cumplir a la empresa suministradora con la que contrate la prestación de estos servicios una serie de cláusulas sociales que radiquen en la responsabilidad de no proceder al corte del suministro eléctrico a ninguna familia sin antes comprobar, vía informe de los Servicios Sociales del municipio, la imposibilidad de estas personas de poder hacer frente a sus recibidos de electricidad y/o gas".

Se trata en definitiva, de que el Ayuntamiento de Lorca tal y como se establece en el Art. 13, apartado tercero de la Ley Regional 10/2016, de 7 de Junio, que modifica la Ley 6/2015 de vivienda de la Región de Murcia y la Ley 4/1996 de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, incluya en los pliegos de contratación de suministro de energía eléctrica en las instalaciones y dependencias del Ayuntamiento de Lorca, la firma de un convenio con las empresas suministradoras donde se incluyan cláusulas sociales destinadas a combatir la pobreza energética.

Entre otras cláusulas, y además de obligar a estas empresas que no realicen cortes del suministros de luz y gas a quien esté en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión residencial, como principio de precaución, desde el PSOE también proponen exigir a estas empresas que promocionen el bono social entre los usuarios y consumidores, así como medidas para optimizar la potencia contratada. La promoción y defensa de los derechos de los consumidores, la realización de cursos de formación en materia de derechos energéticos para clientes, o la facilitación a Servicios Sociales de un listado mensual de suministros cortados y facturas impagadas también estarían entre las responsabilidades a exigirle a estas empresas suministradoras, propuestas por el PSOE.

No obstante, desde el PSOE dejan abierta la redacción de este convenio de medidas para evitar la pobreza energética "a toda propuesta dirigida a erradicar la pobreza energética que quieran realizar todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Lorca".

Para blindar estos compromisos, Sánchez Jódar se acoge a la necesidad de que se aplique la Ley 4/1996 de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, así como la última reforma de la Ley 6/2015 de Vivienda de la Región de Murcia con la que "la Comunidad Autónoma se dotó de una serie de compromisos en materia de lucha contra la pobreza energética y cuyo desarrollo normativo sigue sin aplicarse, por el bloqueo del Gobierno Regional del PP". De hecho, tal y como recuerdan, "el Gobierno Regional tenía que haber implantado esta Ley a fecha de octubre de 2016, en el plazo de tres meses desde su publicación en el BORM, el pasado mes de Junio".

En cumplimiento de esta Ley, desde el PSOE también reivindican la importancia de que el Gobierno Regional elabore y remita al Ayuntamiento de Lorca un protocolo obligado de comunicación a los Servicios Sociales del municipio, para evitar los cortes de suministro en los casos de impago por falta de recursos económicos. Se trata de un protocolo "de obligado cumplimiento" por parte de las empresas suministradoras firmantes.

De esta manera, tal y como ha recordado la concejal Andrea Periago, se reforzarían las herramientas con las que cuentan los Servicios Sociales "para defender a las familias en riesgo de exclusión social contra los cortes del suministro eléctrico por imposibilidad de hacer frente al pago de sus facturas".

Andrea Periago ha recordado los numerosos indicadores que demuestran "la Lorca con más dificultades". Al informe que se dio conocer hace unos meses que aseguraba que Lorca era una de las tres grandes ciudades con mayores índices de pobreza de todo el país, se suman indicadores a nivel regional "de los que Lorca no es ajena", como el reciente estudio de la Red Española de Lucha contra la Pobreza (EAPN), donde aseguran que el 44,9% de la población de la Región de Murcia vive en situación o riesgo de pobreza o exclusión.

Por todo ello, la edil socialista ha reivindicado la necesidad de que el Ayuntamiento de Lorca "ajuste sus políticas municipales para actuar de manera más efectiva contra esta situación de emergencia social". En este sentido, ha anunciado que en el Pleno también propondrán la creación de un mapa de la pobreza "a modo de instrumento de trabajo" con el que "tener un conocimiento más exhaustivo de la situación real de aquellas familias en situación de vulnerabilidad tanto en barrios como en pedanías".