La concejala de IU-V en el Ayuntamiento de Lorca, Adoración Peñas, estima que de los cerca de 10.000 murcianos afectados por la estafa de las cláusulas suelo que las entidades bancarias imponían a sus clientes en las hipotecas, entre 600 y 700 pueden ser lorquinos.
Dadas esas cifras tan abultadas, que parten de la estimación hecha pública días pasados por ADICAE (Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros), la concejala de IU-V pretende que el Ayuntamiento de Lorca, por medio de la Concejalía de Consumo y de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), establezca puntualmente en la misma un servicio puntual de asesoramiento gratuito a los lorquinos afectados por esas cláusulas en sus hipotecas, dando a conocer a la ciudadanía la existencia del mismo.
Adoración Peñas recuerda que la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (publicada el pasado 21 de diciembre de 2016) viene a declarar la retroactividad total de la nulidad de las cláusulas suelo estableciendo que la jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario en España, es incompatible con el Derecho de la Unión.
Con esta sentencia ya hay tribunales de justicia españoles, entre ellos alguno de la Región de Murcia, que han declarado esa nulidad absoluta de las cláusulas a las que consideran abusivas y mediante las oportunas sentencias están obligando a los bancos a devolver todo el dinero cobrado de más desde la misma firma del préstamo, con devolución asimismo de los correspondientes intereses legales devengados desde la fecha de cada cobro hasta la fecha de esta resolución judicial.
La edil de IU-V critica la respuesta tibia del Gobierno de España, siempre al lado de los bancos, toda vez que lo único que se han planteado hacer es "pedir" a los bancos a través de lo que llaman "código voluntario de buenas prácticas bancarias", que procedan a devolver a sus clientes lo cobrado de más. Eso en la práctica, sostiene la edil de IU-V, no sirve para nada ya que obliga a que cada perjudicado tenga que interponer la correspondiente demanda judicial ante sus juzgados de primera instancia para reclamar esa devolución.
Peñas sostiene que esa respuesta tibia del gobierno de España hace muy necesaria y oportuna esta iniciativa de IU-V de Lorca, y a ese respecto ha afirmado que la estimación de esta propuesta por parte del gobierno local de Lorca sería una muy buena manera de empezar el nuevo "curso municipal" de 2017. Se trataría básicamente de reordenar los servicios jurídicos que tiene el Ayuntamiento de Lorca, sin ningún coste adicional para las arcas municipales, y establecer puntualmente en la OMIC de Lorca un servicio de asesoramiento técnico y jurídico a los estafados por los bancos. Tampoco descartamos, si así se estimase por parte del Ayuntamiento, fórmulas paralelas que ya se han ensayado en Lorca con otros asuntos como un posible convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Lorca para hacer efectivo ese asesoramiento.
