El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Soler, ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que pide que el Gobierno regional interceda ante el Gobierno de España para que, de acuerdo con las asociaciones del sector, resuelva el problema creado en las plantas de tratamiento de purines. La modificación de las retribuciones contempladas en la Ley de la reforma eléctrica está poniendo en peligro la continuidad de estas plantas.
Manuel Soler indicó que los excedentes de purines de las granjas de cerdos siempre fueron un quebradero de cabeza para los ganaderos; "ha sido una tarea difícil y no exenta de las correspondientes sanciones tanto a ganaderos como a agricultores esta gestión sin que suponga un problema de tipo medioambiental ni una molestia para los ciudadanos residentes en las proximidades a la ubicación de las granjas de porcino. Ante la imposibilidad de cumplir la legislación en materia de medio ambiente, sobre todo en zonas con gran número de granjas, estos tuvieron que soportar importantes sanciones y reiterados avisos por parte de las autoridades medioambientales".
A finales de los años 90, ante la necesidad de encontrar una salida para el tratamiento de los excedentes de purines en zonas de alta densidad ganadera y dar cumplimiento al Real Decreto 261/1996 de aplicación de la Directiva Nitratos, los Ministerios de Agricultura y de Industria optaron por la vía de vincular el tratamiento de los purines a la cogeneración, en el marco de la aprobación del Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica para instalaciones que funcionan con recursos o fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración.
En el año 2007 fue modificado el marco normativo y el Real Decreto 661/2007 estableció las tarifas y primas para este modo de producción de energía, durante los primeros 15 años. Manuel Soler explica que amparados por esta legislación, el sector realizó fuertes inversiones en plantas de tratamiento del purín para resolver un problema que agobiaba a los ganaderos".
Agregó que estas industrias, además de generar puestos de trabajo -cada planta genera 20 trabajadores directos y 5 o 6 indirectos- "han demostrado en los años que llevan funcionando ser un instrumento eficaz para garantizar una correcta gestión de los excedentes de purines en zonas de alta densidad ganadera".
Manuel Soler denuncia que con la Ley de la reforma eléctrica, del Gobierno del Partido Popular, se reducirá la retribución a este sector en alrededor del 40%, lo que pone en peligro el funcionamiento de las 29 plantas existentes en España, tres de ellas en la Región y dos ubicadas en Lorca, zonas de gran importancia económica y social en la ganadería de porcino, ya que dan empleo a 30 trabajadores.
Por ello, el diputado socialista reclama que, de acuerdo con las asociaciones del sector, se resuelva el problema creado en las plantas de tratamiento de purines, con la modificación de las retribuciones contempladas en la Ley de la reforma eléctrica, de manera que se garantice la continuidad en el funcionamiento de las mismas.
