José García Murcia, concejal portavoz de IU-Verdes de Lorca ha denunciado que la próxima reforma de la Ley de Bases de Régimen Local prevista a partir del informe sobre el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, del pasado 13 de julio en Consejo de Ministros, se hace con la excusa de adecuarla a la Ley de Estabilidad Presupuestaria votada tanto por PP como por PSOE, atacando los principios de autonomía municipal y suficiencia financiera.

Para IU-Verdes la excusa es falsa ya que los ayuntamientos tienen establecida por ley, desde hace mucho tiempo, el cumplimiento del equilibrio presupuestario no pudiendo aprobar en ningún caso presupuestos con déficit y viéndose obligados, en caso de existir el mismo, al finalizar el ejercicio a aprobar el siguiente presupuesto con el superávit suficiente para cubrir el déficit. Por tanto, alegan, ni era urgente ni necesaria una modificación legal para garantizar un principio que en el caso municipal ya existía desde hace mucho tiempo.

Según García Murcia los problemas económicos municipales derivan de la insuficiencia histórica de la financiación local y de la caída de los ingresos municipales.

Así, el portavoz recuerda que la aportación de los ayuntamientos al déficit del conjunto de las administraciones publicas en nuestro país es absolutamente irrelevante, por lo que no se comprenden medidas tan radicales como las previstas para solventar un problema inexistente o de escasa entidad, recordando que la deuda media  de los ayuntamientos en este país es de 3,4% sobrepasando en sólo 4 décimas el límite de la Ley de Estabilidad presupuestaria, siendo las administraciones autonómica y sobre todo estatal, las que mayor deuda acumulan sin que se adopten contra ellas este tipo de medidas.

García Murcia ha manifestado que con algunas de las medidas que incorporará esta reforma, se suprimirán las 3.725 entidades locales menores existentes, las mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no esté asegurada pasando sus competencias a ser ejercidas por las Diputaciones provinciales, que se refuerzan así como la eliminación para las próximas elecciones de 21.338 concejales, no pudiendo tener los municipios más de 35 concejales, entre otras cuestiones.

El concejal manifiesta que al PP no solamente se le ve el plumero, sino también su tendencia autoritaria, les gusta el ordena el mando y les chirría todo lo que suena a autonomía.

Para la formación de izquierdas esta reforma es una vuelta de tuerca al municipalismo español limitando su capacidad política y de gestión. Atesta una puñalada por la espalda al municipalismo español, culpando demagógicamente de los problemas económicos en exclusiva al sueldo de los concejales o a la afirmación de que en España hay 500.000 políticos y sobran.

García Murcia ha destacado que esta reforma supone un atentado al principio de autonomía local. Introducir elementos como la posibilidad de que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan verse privados de sus competencias para prestar servicios mínimos por decisión de las comunidades autónomas, atenta claramente contra el principio de autonomía local, da una preeminencia jurídica y política a las comunidades autónomas sobre los ayuntamientos que no tiene sujeción legal y relega al mundo municipal a un papel residual en el contenido político de la gestión.

Asimismo, denuncia el concejal que con esta reforma el PP pretende reducir la actividad municipal a la mínima expresión.

De hecho, regular que, para llevar a cabo iniciativas públicas de carácter económico por parte de los ayuntamientos, se tenga que aprobar por los órganos de gobierno de las CCAA, con unas condiciones tan exageradas y unos sistemas de control tan exhaustivos, solamente pueden pretender que las mismas no se lleven a cabo.

Lo que hace es modificar el modelo constitucional de la estructura territorial del Estado relegando a los ayuntamientos al mero papel de delegaciones de las CCAA y del Estado, sin contenido político y sin capacidad de gestión mas allá de lo que decidan las otras administraciones.

A juicio de IU-Verdes este proyecto vulnera lo establecido en el Art 142 de la Constitución española y en caso de ser aprobada habría que cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad.

Del mismo modo, el portavoz ha denunciado también que se limita el marco competencial de los ayuntamientos, desapareciendo expresamente cualquier referencia a las competencias en materia de educación y de sanidad que vienen contempladas en el actual texto, eliminando las relativas a igualdad de la mujer, protección del medio ambiente o vivienda entre otras. Asimismo se elimina la disposición transitoria segunda de la actual Ley de Bases de Régimen Local que contiene una cláusula competencial residual que ha permitido que los ayuntamientos hayan podido realizar políticas en otras materias además de las estrictamente definidas.

Por otro lado, para IU-Verdes es incomprensible que se refuerce el papel de las diputaciones, más aún cuando numerosas voces críticas claman por su abolición dadas sus inertes competencias

Desde la formación política califican de extrema gravedad que no se realice ninguna mención a la financiación necesaria para asumir los retos municipales y solamente se menciona la obligación de cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria por encima de todo, ni se mencione ni una sola vez a los ciudadanos y sus derechos ni se aborde la insuficiencia financiera local. Bien al contrario las disposiciones transitorias previstas en el anteproyecto establecen la obligación de evaluar el coste de los servicios municipales estableciendo tres opciones para los ayuntamientos si los mismos son deficitarios: o se cierran o se privatizan o se intervienen. Filosofía de gestión del PP elevada a rango de ley.

Respecto al aspecto más difundido por los medios de comunicación de esta reforma, la reducción de concejales, García Murcia lo califica de ataque a la democracia. En cuanto al argumento utilizado de que sobran concejales, expone que muchos de éstos no cobran y afirma que, sin duda, tras la medida está la idea de relanzar el bipartidismo frente a las últimas tendencias que tienden a difuminarlo, arrancando de cuajo la voz de muchos ciudadanos.

Además, ha manifestado que se pone fin a una figura clave en el mapa electoral español, es decir la del partido local formado por vecinos independientes y todo estará decidido por esa especie de estado paralelo que algunos vienen en llamar PPPSOE.

En definitiva, según García Murcia se ataca a la democracia y se quiere un país cómodo de manejar, a la medida de lo que decidan los mercados, la troica y el gran capital, pero no sus ciudadanos, e insiste en que se pretende acabar con la "molesta" autonomía municipal dejando a los ayuntamientos relegados a meros gestores de servicios secundarios, perjudicando gravemente a las pedanías y olvidándose por completo de las promesas y reivindicaciones de elección democrática de alcaldes pedáneos, de la posibilidad de establecer juntas vecinales, y de constituir entidades locales menores, así como por supuesto de crear nuevos ayuntamientos, medidas que rompen con la tradición del consenso en el marco de la federación de municipios (FEMP).

Únicamente IU-Verdes se muestra de acuerdo con el hecho de establecer criterios coherentes y proporcionales respecto al salario de los concejales y alcaldes, cuestión que este grupo ha reclamado desde hace tiempo.

Por todo lo expuesto, desde IU-Verdes anuncian la presentación en el próximo pleno del mes de julio de una moción para el pronunciamiento contundente contra esta reforma, instando al gobierno de la nación a que la paralice.