El Portavoz Socialista, Manuel Soler, ha defendido en el Pleno de hoy una moción en la que se pedía que el Ayuntamiento instara al Consejo de Gobierno de la CARM a que procediese al pago de todas las ayudas para reparar los daños causados por los terremotos de Lorca concedidas y pendientes de pago
El Grupo Municipal Socialista ha presentado en el Pleno celebrado esta mañana una moción en la que se solicita al Ayuntamiento de Lorca que inste al Consejo de Gobierno de la CARM a que proceda al pago de todas las ayudas para reparar los daños causados por los terremotos de Lorca concedidas y pendientes de pago con anterioridad a la entrada del Real Decreto Ley 11/2012, de 30 de marzo, y lo haga efectivo antes de 31 de mayo de 2012.
El Grupo Popular ha votado en contra de dicha moción presentando una enmienda en la que se demanda que el Ayuntamiento inste a las distintas Administraciones a que realicen los pagos de las ayudas por los terremotos a la mayor brevedad posible.
Soler, tras finalizar el Pleno, ha destacado que "una vez más se pone de manifiesto que el Partido Popular antepone los intereses de su partido a los intereses de los damnificados. Tanto el Alcalde como el equipo de Gobierno tapan las actuaciones de Valcárcel y demuestran su pasividad ante los graves hechos que se han producido y que han propiciado que el dinero enviado por los Gobiernos de España siga retenido en las cuentas de la Comunidad Autónoma".
El Portavoz socialista ha resaltado que "el PP presenta una enmienda mas genérica, mucho menos concreta y que hemos apoyado pues entendemos que más vale poco que nada".
Soler Miras ha recordado que "el articulado del real decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, en la Disposición Transitoria Primera, punto 1° expresa lo siguiente: "Las ayudas concedidas y pagadas, así como las ayudas concedidas pendientes de pago con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley estarán sujetas a los procedimientos de concesión y pago previstos en la normativa anterior". Es decir, de acuerdo con lo mencionado en los reales decretos publicados por el anterior Gobierno socialista. Consideramos que la obligación de efectuar el pago de los expedientes atrasados corresponde a la Administración Autonómica pues ha venido recibiendo la parte que le correspondía a la Administración Central y, según el convenio firmado entre ambos Gobiernos, las Ayudas se debían pagar al 50% entre ambas Administraciones".
"Si el dinero enviado por los Gobiernos de la Nación está retenido y, probablemente, gastado por la CARM, como es posible que el equipo de Gobierno Local no se atreva a exigirle directamente a su jefe Valcárcel el pago inmediato a los damnificados de esas cantidades" se ha preguntado Manuel Soler.
