La próxima Comisión Interministerial se celebrará el martes que viene en Lorca

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, participó ayer en la sexta reunión de la Comisión Interministerial para el desarrollo de medidas urgentes para Lorca, creada con motivo de los terremotos del pasado 11 de mayo, la cual aprobó el informe de evaluación de las actuaciones.

Dicho informe ha sido confeccionado dentro del plazo de los 15 días que estableció el Congreso de los Diputados el pasado 13 de septiembre. Además, el informe da cuenta del estado de ejecución de las medidas urgentes incluidas en el Real Decreto 6/2011, de 13 de mayo, y de otras actuaciones puestas en marcha con el fin de paliar los daños producidos por el seísmo.

González Tovar ha declarado que el Gobierno de España está cumpliendo y desarrollando con pulcritud este decreto, puesto en marcha tan sólo 48 horas después de que se produjera el primer terremoto. Y lo está haciendo adoptando las medidas que se derivan del mismo y de los diversos convenios firmados con el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma.

De hecho - ha subrayado el delegado – el Gobierno de España ya ha desembolsado un total de 231,3 millones de euros y tiene comprometidos un total de más 660. Entre los primeros, los correspondientes a indemnizaciones del Consorcio de Seguros, gestionado por el Ministerio de Economía y Hacienda, el cual ya lleva tramitadas un total de 28.558 solicitudes, de las cuales ya se han abonado 23.070, por un importe de casi 183 millones de euros, lo que supone el 85% de solicitudes presentadas. En este sentido, está previsto que la práctica totalidad de los expedientes estén abonados en los próximos días.

Sin embargo, la Comisión Interministerial comprobó con sorpresa que la Comisión Mixta, formada también por el Ayuntamiento de Lorca y la Comunidad Autónoma, ha aprobado un número muy bajo de expedientes, tan sólo un 5% del total. La Comisión Interministerial ha constatado la lentitud con la que se está produciendo la tramitación de expedientes, que han de llegar a dicha Comisión Mixta desde la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento.

La 7ª Comisión Interministerial será el martes en Lorca

Entre los acuerdos adoptados en la reunión de ayer, destaca que la séptima reunión de la Comisión Interministerial se celebrará el próximo artes, día 4, en Lorca.

Asimismo, se prevé una reunión con el alcalde de la ciudad y el consejero de Obras Públicas para avanzar en el inicio del Plan Lorca de Vivienda, por el que el Gobierno de España va a construir 300 viviendas. En este sentido, se pretende visitar los solares donde se harán efectivas estas medidas.

Por otra parte, también tendrá lugar una reunión con la Cámara de Comercio y los empresarios y comerciantes de la zona con el objetivo de mejorar el Plan para la Mejora de la Competitividad del Comercio, para el cual ya se dispone de 1,5 millones de euros.

En el mismo sentido, se mantendrá un contacto con la Federación de vecinos y asociaciones de afectados con el fin de comunicar la evaluación efectuada y las medidas de futuro que se pueden ir adoptando.

El delegado del Gobierno ha informado que en el día de hoy se ha dirigido por carta al consejero de Obras Públicas, que preside, junto con él mismo la Comisión para las ayudas a la rehabilitación y reconstrucción de viviendas y al alquiler, para se convoque cuanto antes dicha comisión, con el ruego de que se presente cuanto antes el mayor número de expedientes tramitados. González Tovar ha declarado que para el Gobierno de España es prioritario que las ayudas de vivienda lleguen con la mayor prontitud a los lorquinos afectados.

El 70% de los expedientes se presentó en los 3 últimos días de plazo

En lo que respecta a las actuaciones de emergencia, reguladas por el RDL 6/2011, el delegado ha informado que se están tramitando un total de 261 expedientes de derribo. De ellos 192, es decir, el 73% del total, fueron presentados por el Ayuntamiento en los 3 últimos días de plazo, mientras que en los tres meses previos sólo se presentaron 69.

Ha añadido que, además, en esos últimos días se recibió del Ayuntamiento un total de 139 escritos de vecinos de Lorca dirigidos al alcalde requiriéndole la declaración de ruina de su edificio o vivienda. En particular, se le pide que envíe técnicos para que evalúen el estado de la edificación o a la vista del informe que presentan se realice directamente la declaración de ruina.

La actuación de estos particulares se ajusta a derecho, pero lo que no es asumible es que el Ayuntamiento envíe estos escritos a la Delegación del Gobierno sin haber cumplido con su obligación de, en primer lugar, emitir un informe técnico de ruina y, en segundo, de expedir un decreto de Alcaldía declarando en ruina el edificio y ordenando su demolición.

González Tovar ha explicado que es así como se han remitido todos estos expedientes, mal tramitados y sin respuesta del ayuntamiento a los interesados, por lo que no se pueden atender por la Delegación del Gobierno y "pedirle que haga otra cosa es pedirle que prevarique". En todo caso, lo que no es comprensible es que unas peticiones de particulares hayan sido atendidas por el Ayuntamiento haciendo el expediente correctamente y otras no. "Desconocemos los criterios que ha seguido el Ayuntamiento para hacer esta selección".

Incluso en algunos de esos 139 escritos es el propio Ayuntamiento quien adjunta una valoración del edificio indicando que "No procede su demolición" o bien "Procede otra visita para determinar si es necesaria la demolición".

Por parte de la Delegación del Gobierno se ha informado al Ayuntamiento que, de acuerdo con la normativa que regula las ayudas, se atenderán los gastos de emergencia en los que haya incurrido el Ayuntamiento, que deberá presentarlos en el modelo establecido y existiendo Decreto de ruina declarada del Ayuntamiento. También se le indica que las administraciones pueden estudiar otras medidas para abordar la situación.

Asimismo, sobre dichos expedientes se le ha contestado al alcalde que el Ayuntamiento no ha incurrido en ningún gasto y se le ha informado de las circunstancias que concurren en aquéllos.

Esta no es la única vez que la Delegación del Gobierno ha tenido que rechazar documentos del Ayuntamiento porque no se ajustan a la legalidad. Así, se ha cuestionado el gasto como actuaciones de emergencia de inversiones que no responde a ese fin, sino a rehabilitación y otras medidas.

En ese capítulo están las facturas destinadas a comprar por 95.000 euros un andamio de segunda mano, o tiendas de campaña y camas (material que está siendo facilitado por la UME y Cruz Roja desde el primer momento). Se ha comunicado lo improcedente de estos gastos como emergencias, puesto que no están asociados al peligro para la vida de las personas y en estos momentos se está a la espera de la respuesta del Ayuntamiento en el trámite de audiencia.