A través de las actas de la Junta de Gobierno Local, el Grupo Municipal Socialista ha tenido conocimiento de un escrito de Delegación del Gobierno, dirigido al alcalde del PP en el que se exhorta a el Ayuntamiento, en virtud del cumplimiento de la legislación vigente, a reabrir el depósito carcelario en el Plazo de un mes

La concejala socialista Isabel Casalduero ha informado hoy que la Abogacía del Estado ha instado al Ayuntamiento de Lorca a la reapertura del depósito carcelario de la ciudad que el alcalde del PP, Francisco Jódar, clausuró, unilateralmente el pasado 1 de Marzo.

La edil explicó que el Ayuntamiento está obligado a mantener abierta, por Ley, esta infraestructura, cuyo cierre ha supuesto la apertura improvisada de unos calabozos en las dependencias de Policía Local, que carecen de las mínimas condiciones de higiene y seguridad, tanto para los agentes como para los detenidos. Se trata de unas instalaciones "tercermundistas que atienden policías que tienen otras tareas asignadas", comentó Casalduero. En ese sentido, la concejala del PSOE se preguntó "de quién será la responsabilidad si algún día ocurre algún altercado grave".

Casalduero también se refirió a otras consecuencias del cierre como el hecho de que tanto las familias de los detenidos como los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad o los miembros de la judicatura, a quienes no se consultó sobre el cierre, tengan que desplazarse ahora a la cárcel de Sangonera.

La concejala socialita aseguró que Jódar mintió cuando aseguró que el ahorro que supondría cerrar el depósito, repercutiría en las familias más desfavorecidas de Lorca. Sin embargo, del montante del costo de este servicio, la mayor parte se destina a los sueldos de los diez policías locales que lo atendían. Por ello, Casalduero se preguntó si Jódar piensa despedir a estos agentes, porque de lo contrario "no entendemos de dónde proviene el ahorro para las arcas municipales".

"Tirón de orejas a Jódar"

A través de las actas de la Junta de Gobierno Local, el Grupo Municipal Socialista ha tenido conocimiento de un escrito de Delegación del Gobierno, dirigido a Jódar (registro de salida del 1 de Abril) en el que se exhorta a el Ayuntamiento, en virtud del cumplimiento de la legislación vigente, a reabrir el depósito carcelario en el Plazo de un mes y en el que se puede leer:

"Los municipios cabeza de partido judicial en que no exista establecimiento penitenciario alguno, asumirán, en régimen de competencia delegada, la ejecución del servicio de depósito de detenidos a disposición judicial, correspondiendo la custodia de dichos detenidos a la policía municipal en funciones de policía judicial" (Art.60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.

En el mismo escrito, se hace referencia a la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 190/1996 de 9 de Febrero que aprobó el vigente Reglamento Penitenciario. En ella se dispone que "la Administración Penitenciaria competente entregará a los Ayuntamientos de los municipios cabeza de partido judicial en que no exista Establecimiento penitenciario, para gastos de alimentación y estancia de los detenidos y mantenimiento de las instalaciones, una cantidad por detenido y día, que se determinará por Orden del Ministerio de Justicia e Interior o resolución autonómica equivalente".

En ese sentido, Casalduero recordó que el Ministerio del Interior paga "religiosamente" 35,44 euros por detenido y día al Ayuntamiento de Lorca. A pesar de ello, la edil recordó que "existen cauces establecidos para resolver las diferencias entre Administraciones Públicas" por lo que "el Ayuntamiento debería hacer solicitado a Instituciones penitenciarias el abono de lo que entiende que se le adeuda, previo desglose y justificación exhaustiva de los gastos". En caso de no haber sido atendida su petición, "el Ayuntamiento debería haber iniciado una reclamación administrativa y, finalmente judicial", según Casalduero, "en vez de ponerse el mundo por montera y dar un ultimátum al Ministerio del Interior".

Ultimátum de Jódar

El 18 de Junio pasado, el equipo de gobierno del PP envió un oficio a la Delegación del Gobierno en el que cifraba el coste del servicio de depósito carcelario en 709.503 euros para el año 2009 y aseguraba que solo ha recibido de la Administración Penitenciaria 56.610 euros, por dicho periodo.

El escrito terminaba con la exigencia del pago "en breve" de la diferencia, esto es, 652.893 euros, así como, al menos, el de los tres años anteriores, y amenazaba con suprimir el servicio con fecha 1 de septiembre 2010 si el pago no se hace efectivo, aunque no es hasta el 1 de Marzo, cuando Jódar decide clausurar el depósito carcelario.

A raíz de ese cierre, la Delegación del Gobierno pide un informe a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, que pide la intercesión de la Abogacía del Estado que culmina con un informe demoledor sobre la ilegalidad del cierre del Depósito carcelario por parte del Ayuntamiento y la obligatoriedad de proceder a su reapertura.

Si el Ayuntamiento persiste en su incumplimiento, las consecuencias serían que Instituciones Penitenciarias ejecutaría esa obligación a costa del consistorio, según el artículo 60 de la Ley de Bases del Régimen Local.

En definitiva, para el PSOE es una "absoluta vergüenza", que la abogacía del Estado haya dado un tirón de orejas al Ayuntamiento de Lorca por la supresión de una institución, como el depósito carcelario de nuestra ciudad, con más de 250 años de historia. Isabel Casalduero, lamentó que Jódar se sienta el amo de Lorca y la gestione "como si fuera su cortijo" a pesar de que haga el ridículo y adopte decisiones que perjudican seriamente a nuestra ciudad.

Por ello, exigen a Francisco Jódar que solicite una reunión urgente con Instituciones penitenciarias para que trate de llegar a un acuerdo para el que, por la otra parte, "hay total predisposición".