El Pleno del Ayuntamiento de Lorca ha aprobado por unanimidad solicitar al Gobierno de la Nación que defienda los intereses del sector productor y exportador de tomate en fresco, prevaleciendo en todo momento el principio de preferencia comunitaria en cualquier acuerdo que Europa cierre con países terceros. Dicho principio será también aplicable al resto de frutas y hortalizas incluidas en los acuerdos comerciales con países terceros.

La corporación reclama al Gobierno de la Nación que recapacite del respaldo que mantiene a dicho acuerdo hasta el momento, y que muestre respaldo que mantiene a dicho acuerdo hasta el momento, y que muestre su rechazo al actual pacto con Marruecos en lo relativo a nuevas concesiones de frutas y hortalizas respecto al tratado actual, ya que perjudican directamente al sector.

Los tres grupos municipales instan al Gobierno de la Nación a que encamine sus esfuerzos en el seno de la Unión Europea a trabajar por una reforma del régimen de precios de entrada y mejorar su gestión para garantizar una correcta aplicación del acuerdo en vigor y el pago de los derechos de aduana, con el fin de evitar el hundimiento de los mercados comunitarios por debajo de los niveles previstos en los precios de entrada.

El acuerdo alcanzado hoy exhorta al Gobierno de España a que actúe en la UE para que se refuercen y potencien los controles aduaneros en frontera para asegurar el cumplimiento de los acuerdos en cada momento, así como intensificar los controles fitosanitarios y los relativos a la seguridad alimentaria para garantizar que los productos agrícolas extracomunitarios ofrecen las mismas garantías al consumidor que los cultivados en la UE. De esta forma ha de exigirse reciprocidad respecto a las condiciones de producción de los terceros países, en cuanto a los aspectos fitosanitarios, medioambientales y sociales, siendo imprescindible incluir esta cuestión en el Acuerdo con Marruecos. De lo contrario, reza el texto de la moción, supondría una discriminación para los productores españoles en el mercado comunitario y la aceptación de un dumping social de graves consecuencias sociales en todas las zonas productoras. Además, el Pleno afirma que no debe permitirse la entrada de frutas y verduras en cuyo proceso de producción se empleen materias activas cuyo uso esté prohibido en la UE.