Lorca, 22 ene (EFE).- Los servicios jurídicos del ayuntamiento de Lorca han advertido de que existen pocas posibilidades de que el Tribunal Supremo de la razón a los vecinos del poblado de Puntas de Calnegre, afectados por un deslinde de Costas que puede terminar con el derribo de sus casas.

Así lo ha reconocido hoy el concejal de Urbanismo, Francisco García, que ha señalado, en opinión de los abogados del consistorio, "hay un porcentaje importante de posibilidades de que la resolución judicial no sea favorable para los intereses de los propietarios y, por tanto, del ayuntamiento".

En octubre de 2008 la Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de casación interpuesto por la asociación de vecinos del poblado de Calnegre y el ayuntamiento de Lorca contra la sentencia de la Audiencia Nacional en la que se exigía que se diera cumplimiento a la orden ministerial de demolición de las casas del poblado por invadir el dominio público marítimo-terrestre.

Ante la posibilidad de un fallo judicial negativo, García ha dicho que el ayuntamiento "nunca va a abandonar a los vecinos, y, en ese caso, ya buscaría otras vías para reconducir el tema".

García ha explicado que hasta que no se produzca el fallo del tribunal "no entramos en otras opciones" pero ha insistido en que "el objetivo de la lucha sigue siendo el mantenimiento del poblado", compuesto por unas 45 casas, "de gran valor etnográfico".

El edil ha resaltado que las posibles "alternativas" serán buscadas "en consenso con los vecinos" cuando se produzca el fallo judicial y ha adelantado que la próxima semana se celebrará la tercera reunión de la comisión mixta de seguimiento del caso en la que participan representantes del consistorio, la Delegación del Gobierno y los vecinos.

Esta comisión, ha añadido el edil, trabaja "con buen tono" entre las partes, aunque aún no hay "conclusiones definitivas, porque parte de posiciones muy distantes".

El poblado de Puntas de Calnegre, surgido hace más de cien años de un antiguo núcleo pesquero, tiene 45 viviendas que se encuentran a pocos metros de la costa y que ocupan áreas públicas de protección según la Ley de Costas, lo que obligaría a la expropiación y derribo de las casas.

El origen del problema se remonta a un deslinde aprobado por orden ministerial en 1977, ratificado en 2004 y recurrido sin éxito por los vecinos y el ayuntamiento en varias instancias judiciales y ahora en el Supremo. EFE