Lorca, 20 oct (EFE).- La asociación de memoria histórica "Amigos de los caídos por la libertad (1939-1945)" se personará como acusación particular en la causa abierta por el juez Baltasar Garzón para investigar los crímenes franquistas y el paradero de los restos de los desaparecidos en las fosas comunes.
Así lo ha acordado la junta directiva, que solicitará un poder notarial para que los abogados del Equipo Nizkor -los mismos que actuaron para el procesamiento de Augusto Pinochet- puedan actuar en su nombre ante el juzgado Número Cinco de la Audiencia Nacional.
Lo confirmó el presidente de la asociación Florencio Dimas, que adelantó que el próximo miércoles tendrá lugar en Pliego una reunión de la directiva para redactar el acta con la adopción de este acuerdo.
El día 26 de octubre una representación de la asociación participará en Madrid en una reunión con los abogados que representarán a las asociaciones de víctimas y a varios particulares en nombre propio, para estudiar el marco jurídico de las actuaciones y las estrategias a seguir tras el conocimiento del auto del juez dado a conocer el pasado día 16.
Además de establecer un procedimiento para el tratamiento en la búsqueda de los desaparecidos y en la localización, exhumación e identificación en las fosas comunes, las diligencias previas tendrán que establecer las responsabilidades penales en que incurrieron quiénes tomaron parte en el aparato represivo a lo largo de los diferentes gobiernos del general Franco.
Esta asociación remitió hace unas semanas al juzgado de la Audiencia Nacional que preside el juez Baltasar Garzón un listado de víctimas del franquismo próximo a 1.200 nombres, entre los que figuran los de 413 lorquinos.
El presidente de esta asociación con sede en Lorca, Florencio Dimas, dijo entonces a Efe que en el listado se incluyen los fusilados por sentencia de los consejos de guerra, caídos en combate, asesinados sin juicio y demás casos de republicanos murcianos desaparecidos, víctimas de la guerra civil y del franquismo.
En el caso de Lorca en el expediente se incluyen las víctimas de 38 ejecuciones con sentencia y 23 sin sentencia.
Dimas señaló que a petición de ayuda se realizará al amparo de los artículos 607 y 607.bis código penal español y de las leyes internacionales en vigor sobre desapariciones forzosas.EFE
