Murcia, 24 dic (EFE).- El alcalde de Librilla, José Martínez García, informó hoy en un comunicado de que el pasado jueves 18, dos días después de presentar su renuncia a la alcaldía en el registro municipal, la dejó sin efecto en otro documento del que adjunta copia tras reflexionar sobre el asunto tras consultar a sus ediles.

Martínez García fue puesto en libertad el pasado 5 de diciembre tras permanecer en prisión desde el 22 de noviembre por orden del juez que investiga su presunta implicación en una supuesta trama de corrupción urbanística junto a otras personas, entre ellas su concejal de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz, también liberado.

Cuatro días después de que Martínez García renunciara a su cargo, Miguel Ángel Cámara, secretario general del PP murciano, partido que había dado de baja cautelar al alcalde imputado, dijo esperar que "pronto se produzca el relevo al frente de la alcaldía", en la que estará una concejala de esa formación, cuyo nombre no facilitó.

En su comunicado de hoy, Martínez García quiere "comunicar y hacer constar" que no ha renunciado a la alcaldía de Librilla y que continúa "al servicio de su comunidad" y sus vecinos.

Esta decisión, continúa, "viene motivada tras el apoyo mostrado" por sus "concejales y conciudadanos", a quienes agradece "las constantes muestras de apoyo recibidas".

En el escrito que presentó al registro el 18 de diciembre, fechado y firmado por él el día 17, se refiere al que llevó a sellar a ese mismo registro el día 16, cuando presentó su renuncia como primer edil, aunque conservaba su acta de concejal, "desprovista de las prerrogativas y beneficios de la alcaldía".

Su renuncia, aclara, "fue motivada en un principio por considerar que era la opción más beneficiosa" para el PP; "sin embargo -rectificó después-, reflexionado sobre el particular y consultados el resto de concejales del PP, quienes mantienen su total confianza" en él, deja ahora "sin efecto" su salida de la alcaldía y reitera su "compromiso de continuar en ese cargo para atender las necesidades de los librillanos en beneficio" de la localidad.

El diario La Verdad de Murcia publicó el pasado 20 de diciembre que tanto la dimisión del alcalde como la del concejal de Urbanismo habían sido forzadas desde el PP, asunto sobre el que Cámara dijo que su partido actuó "para que cuanto antes se restablezca la normalidad en la gestión del ayuntamiento de Librilla", así como que su objetivo es que el PP continúe gobernando ese municipio.

En la trama que se investiga en los tribunales están también imputados el ingeniero de caminos Domingo Peñalver y el funcionario en excedencia de la Comunidad de Murcia José Luis Cano, ambos socios de la empresa Acadi, adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) urbana de Librilla, y el gerente de la empresa municipal del suelo, José Andrés Cortés.

Todos ellos son presuntos autores de delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, por los que pudieron obtener unos beneficios de unos 7 millones de euros, mientras que el alcalde y su edil de Urbanismo, a cambio de consentir la actuación de los anteriores, se habrían adjudicado en comisiones un millón y medio, según fuentes próximas a la investigación. EFE