Estos objetivos se caracterizaban por ser más beneficiosos para Comunidades Autónomas y Entidades Locales y fueron aprobados en el Congreso, pero rechazados dos veces por el Senado con la mayoría absoluta del PP.
A consecuencia de los rechazos de la derecha los objetivos de estabilidad vigentes en 2024 serán los contemplados en el Programa de Estabilidad que el Gobierno remitió en abril de 2023 a la Comisión Europea y que permitirá que el objetivo de déficit se mantenga en el 3% del PIB. La senda rechazada en el Senado era más exigente para la Administración Central, ya que asumía el mayor margen concedido a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, de tal manera que su objetivo se situaba en el 2,7%.
Las Comunidades Autónomas tendrán alrededor de 1.456 millones de euros menos de margen fiscal para destinar a servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia. Para los Ayuntamientos supone unos 2.924 millones de euros menos de capacidad para invertir en políticas públicas.
Así es como el PP apoyado por VOX restan recursos a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, limitando la inversión y mejora de los servicios públicos y quienes pagamos el bloqueo somos los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo las personas más vulnerables de nuestra sociedad que necesitan más apoyo de las administraciones públicas.
También debemos señalar que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera podría haberse modificado desde 2018 para eliminar el veto que tiene el Senado sobre los objetivos de déficit que solo sucede en esta situación y con ningún otro trámite.
Desde Izquierda Unida Verdes-Podemos solicitaremos al Ayuntamiento que inste al Gobierno y al Congreso a la suspensión de las reglas fiscales y a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para restar capacidad de bloqueo al Senado sobre los objetivos de déficit, a aplicar la "situación de emergencia" que permite de manera excepcional rebajar los límites de estabilidad presupuestaria a cualquier periodo de tiempo con una tasa de desempleo superior al 10%, anteponiendo así las necesidades de empleo de la población frente al estado de las finanzas públicas y a cualquier período de tiempo en el que exista una tasa de población en riesgo de pobreza superior a la media de la UE de los últimos cinco años.
Y, por último, solicitaremos que el Ayuntamiento inste a la modificación de la regulación de la regla de gasto para que no se compute en su cálculo los gastos e inversiones destinados a servicios públicos esenciales prestados por las corporaciones locales.
