El pasado lunes 30 de junio se celebró pleno extraordinario para llegar a un acuerdo sobre la ejecución de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia, que declara la nulidad del nombramiento de varios funcionarios, designación que se llevó a cabo durante un proceso de funcionarización en la administración local en el año 2001 y que fue denunciado por dos funcionarias del Ayuntamiento de Jumilla. Este proceso afecta a un total de 43 trabajadores.
Tras un debate, PP e IU-LV se abstuvieron en el tema y salió aprobado, por los votos de PSOE, enviar al Tribunal Superior de Justicia un informe técnico en el que se recoge la situación de los 43 trabajadores y se analiza los expedientes detalladamente de cada uno de ellos. Según ha indicado la concejal de Personal Yolanda Fernández en este informe “se llega a la conclusión de que el ayuntamiento entiende que estos trabajadores sí son funcionarios porque existen acuerdos plenarios, Juntas de Gobierno, incluso procesos de selección con pruebas específicas para los puestos y luego hay 5 personas que se comprende que no debían de haberse nombrado funcionarios y con esta propuesta pasarían a ser laborales indefinidos como anteriormente estaban”.
La responsable de Personal ha indicado que con el envío de este acuerdo de pleno se pretenden que el Tribunal “nos aclare cómo ejecutar la sentencia y que nos digan, a raíz de examinar este informe con todos los datos de los expedientes de estos trabajadores, qué trabajadores son funcionarios y qué trabajadores no lo son, para el ayuntamiento, con este informe, todos serían funcionarios con la excepción de 5 trabajadores por diversas circunstancias”.
Sobre este tema, el portavoz del Partido Popular Enrique Jiménez señaló en su intervención que “las sentencias deben cumplirse” y añadió que es un tema que colea desde 2001, y que respeta a las dos partes, “esto viene de un decreto de alcaldía que fue anulado, no sé si fue más o menos certero y con más o menos intención”. Jiménez indicó que “el PP no ha intervenido en este proceso, aunque las personas denunciantes sean afiliadas al partido”.
Por su parte, José Antonio Pérez, portavoz de IU-LV argumentó su abstención señalando que “entiendo que no es función de este grupo decidir a qué personas afecta el cumplimiento de esta sentencia”. También señaló además “la premura con la que la sentencia había sido llevaba a Pleno, cuando se sabe desde noviembre”.
Los socialistas defendieron que el informe aprobado es “una posible solución a este tema que se inició en 2001, con el proceso de funcionarización que se creía que era de justicia que se reconocieran unos derechos a personas que han trabajado en la administración dese hace muchos años”, señaló Yolanda Fernández.
