El proyecto para integrar todos los mercados nacionales de la electricidad comenzó en 1996

Las complejas normas de la UE e insuficiencias en la gobernanza han ralentizado la plena integración

Los beneficios económicos de una mayor convergencia de precios se siguen desaprovechando

La UE ha hecho pocos avances en su objetivo de conectar los mercados de la electricidad y garantizar así el acceso a energía barata para empresas y ciudadanos, a pesar de sus ambiciosas proyecciones y sus esfuerzos, según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Los retrasos para acoplar los mercados energéticos nacionales se acumulan por las insuficiencias en la gobernanza de la UE y el complejo sistema normativo para permitir el comercio transfronterizo, que frena la aplicación de normas de mercado. La supervisión del mercado por la Comisión Europea y la ACER, la agencia de la UE para la energía, tampoco logró mejoras suficientes. Las medidas de vigilancia para restringir el abuso y la manipulación han sido insuficientes. Por tanto, el riesgo sobre el mercado de la electricidad de la UE repercute ahora principalmente en el consumidor final.

En 1996, la UE emprendió un proyecto complejo para integrar plenamente los mercados nacionales de la electricidad. El objetivo era ofrecer los precios más baratos posibles de la electricidad a los consumidores y aumentar la seguridad del suministro energético de la UE. Sin embargo, casi diez años después de la fecha prevista para finalizar el proyecto, 2014, el mercado sigue regulado en la práctica por veintisiete marcos reglamentarios nacionales. Como ha realzado la crisis energética actual, los precios mayoristas difieren mucho entre Estados miembros y los precios al por menor siguen estando fuertemente influidos por los impuestos nacionales y las tarifas de red, en lugar de estar abiertos a la competencia.

«Los mercados de la electricidad en Europa podrían estar mucho más integrados, a pesar de la ambición necesaria y celebrada de la UE», afirma Mihails Kozlovs, Miembro del Tribunal que dirigió la auditoría. «La crisis energética y del coste de la vida a las que se enfrentan actualmente los ciudadanos de la Unión hacen aún más acuciante que la UE finalice su mercado interior de la electricidad».

Existen algunos logros importantes, pero los avances en la integración de todos los mercados nacionales de la electricidad fueron lentos entre 2015 y 2021, y desiguales entre las distintas regiones de la UE y segmentos de mercado. No se había aplicado plenamente ninguna directriz de la UE en los Estados miembros, a pesar de ser vinculantes, ni se habían logrado avances importantes en el aumento de la capacidad de transporte transfronterizo. Los auditores atribuyen los retrasos a que la Comisión eligió las directrices de red que debían aplicarse mediante condiciones o metodologías, lo que transfirió la responsabilidad de la aplicación a las autoridades nacionales competentes y a la ACER. Esto complicó y retrasó la armonización de las normas comerciales transfronterizas. La Comisión no analizó suficientemente las repercusiones de su diseño del mercado y sus decisiones de gobernanza, como destacan los auditores en su evaluación de impacto. La supervisión de la coherencia de la aplicación de las normas por parte de los Estados miembros se descentralizó mayoritariamente en la ACER. No obstante, los auditores constataron que la supervisión y los informes de la agencia resultaron deficientes, en particular debido a unos datos insuficientes, unos recursos escasos y una coordinación pobre con la Comisión.

La supervisión del mercado, destinada a detectar y evitar el abuso y la manipulación de este, también resultó incompleta. El enfoque de la ACER para la recogida de datos no fue exhaustivo y su evaluación de dichos datos abarcó una variedad demasiado reducida de conductas abusivas, concluyen los auditores. Esta agencia también dedicó recursos insuficientes al análisis de datos y no pudo apoyar las investigaciones sobre el creciente volumen de presuntos abusos de mercado transfronterizo.. Existe el riesgo de que tanto los productores y proveedores de electricidad como los intermediarios exploten las lagunas o, lo que es peor, de que los Estados miembros compitan por ofrecer el entorno más permisivo por las sanciones y la ejecución, advierten los auditores. Al mismo tiempo, la ACER no está facultada para garantizar que los Estados miembros ejecuten las normas de forma coherente.