Hoy, los ministros de Economia europeos han actualizado la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. En esta revisión, se han incluido en la "lista negra" tres nuevos países: Anguila, Bahamas e Islas Turcas y Caicos, y se ha retirado a dos países: Bermudas y Túnez.

Bermudas es uno de los paraísos fiscales más agresivos del mundo, con un tipo impositivo del cero por ciento sobre los beneficios empresariales. Y, sin embargo, la Unión Europea lo ha retirado de la lista tras un vago compromiso de reforma. “Y, lo que es aún peor, algunos de los principales paraísos fiscales europeos, como Luxemburgo, continúan sin ser incluidos en la lista porque todos los países europeos parecen tener carta blanca” señala Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón.

"Esto no es una lista negra, es un lavado de cara. Desde que hace dos años la Unión Europea acordó reforzar la lista, nada ha cambiado. Los criterios de inclusión continúan siendo lamentablemente débiles” afirma Ruiz. Aunque en esta lista se han incluido tres países con tipos impositivos nulos, su inclusión no obedece a esto, lo que significa que se pueden ser retirados de la lista en cualquier momento. “La Unión Europea debería incluir de forma automática en la lista negra a todos los países cuyos tipos impositivos sean muy bajos o nulos, y aplicar el mismo nivel de nivel de escrutinio a los países europeos que a los no europeos. La actual lista pone de manifiesto la hipocresía de la Unión Europea tras haber dejado fuera a importantes paraísos fiscales europeos, como Malta y Luxemburgo, mientras otros países de fuera de Europa, como Eswatini y Botswana, corren el riesgo de ser incluidos en la lista negra” continúa.

Unos criterios más sólidos podrían acabar con la enorme elusión de impuestos por parte de las empresas y las personas más ricas del mundo. Los Gobiernos y las personas de a pie nos enfrentamos a una crisis por el aumento del coste de vida. Acabar con los paraísos fiscales y hacer que los superricos paguen los impuestos que les corresponden proporcionaría cientos de miles de millones de ingresos muy necesarios.

La lista en España

España cuenta con una lista negra de paraísos fiscales totalmente desfasada y desactualizada que no responde ni a la realidad de cómo operan estos territorios, ni al uso que grandes fortunas o grandes empresas hacen de los mismos.

“La Ley de lucha contra el Fraude Fiscal de julio de 2021 plantea criterios que van en la buena dirección, pero no se ha desarrollado, por lo que seguimos en un limbo fiscal”, apunta Ruiz.

Si el gobierno español aplicara de manera adecuada los elementos considerados en esta Ley, la lista española debería incluir al menos estos 16 territorios: Bermudas, Bahamas, Islas Caimán, Mauricio, Islas Vírgenes Británicas, Singapur, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Malta, Chipre, Vanuatu, Jersey, Turcos y Caicos, Anguila, Isla de Man. Todos ellos presentan una baja o nula tributación empresarial, promueven regímenes preferenciales y prácticas fiscales agresivas y facilitan la creación de estructuras societarias sin sustancia económica real destinadas a canalizar inversión artificial con el objetivo de reducir su factura impositiva.

Si esta revisión se hiciera de manera estricta, la lista española de paraísos fiscales podría ser mucho más extensa e incorporar un total de 64 jurisdicciones o territorios que cumplen con alguno de estos criterios.

“Los avances anunciados la semana pasada por el gobierno son una buena señal para recuperar recaudación y más justicia en nuestro sistema fiscal, pero no pueden ser una excusa para dejar de lado la lucha contra los paraísos fiscales. Son las personas con mayores ingresos y más riqueza, además de las grandes empresas, las que más se benefician de la existencia de estos coladeros fiscales”.

De manera específica, el gobierno debe desarrollar normativamente los criterios considerados en la mencionada ley para elaborar una lista española de paraísos fiscales- o jurisdicciones no cooperativas- que sea revisada anualmente, con un marco de rendición de cuentas parlamentaria y sin injerencias políticas, basada en criterios concretos, específicos y contrastables.