La Comisión Europea no ha supervisado suficientemente los retos que ha planteado la pandemia de COVID-19 con respecto al derecho de libre circulación de personas debido a la falta de herramientas a su disposición. Esta es la conclusión general de un informe especial publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal). La supervisión de los controles en las fronteras interiores restablecidos por los Estados miembros desde marzo de 2020 no salvaguardó plenamente las normas de Schengen que facilitan la libre circulación en la UE. Además, los auditores destacan la falta de coordinación entre las restricciones de viaje de los Estados miembros, así como las incoherencias respecto de las orientaciones y recomendaciones de la UE.

Todo ciudadano de la UE tiene derecho a circular libremente por el territorio de la UE. Esto se ha facilitado mediante la supresión de los controles en las fronteras interiores en el espacio Schengen, que comprende veintidós países de la UE y cuatro países no pertenecientes a la UE, y que ha creado un espacio sin fronteras dentro de Europa. No obstante, tal derecho puede restringirse por motivos de orden público, seguridad pública o salud pública. Desde 2015, varios países de la UE han restablecido los controles en las fronteras interiores en respuesta a la crisis migratoria o a las amenazas a la seguridad (principalmente el terrorismo). Más recientemente, durante la pandemia de COVID-19, muchos Estados miembros adoptaron medidas para restringir la libertad de circulación dentro de la UE en un intento de limitar la propagación del virus. Al restablecer los controles en las fronteras interiores en el espacio Schengen, los Estados miembros deben notificarlo a la Comisión Europea, que sigue siendo responsable de evaluar si las restricciones propuestas cumplen la legislación de la UE y no vulneran el derecho a la libre circulación de personas.

«Considerando que la libre circulación de personas es una de las cuatro libertades fundamentales de la UE y que ha ocupado un lugar central en el proyecto europeo desde su creación, la Comisión debería haber comprobado cuidadosamente que todas las restricciones introducidas en los tiempos del COVID-19 fueran pertinentes y estuvieran justificadas», afirma Baudilio Tomé Muguruza, Miembro del Tribunal responsable de la auditoría. «Esperamos que las conclusiones de nuestra auditoría se tengan en cuenta en el debate en curso sobre la revisión del sistema de Schengen».

Los auditores revisaron las 150 notificaciones de controles en las fronteras interiores presentadas por los Estados miembros a la Comisión Europea entre marzo de 2020 y junio de 2021, de las cuales 135 se referían exclusivamente al COVID-19. Su revisión muestra claramente que las notificaciones no aportaron pruebas suficientes para demostrar que los controles fronterizos eran, efectivamente, una medida de último recurso o que eran proporcionados y de duración limitada. Además, la Comisión no ha iniciado procedimientos de infracción en relación con los controles fronterizos a largo plazo que se introdujeron antes de la pandemia,

y tampoco obtuvo todos los informes que debía recibir en un plazo de cuatro semanas a partir del final de los controles en las fronteras interiores. Al igual que en el caso de las medidas de control impuestas por la crisis migratoria y las amenazas a la seguridad antes de la pandemia de COVID-19, la Comisión no solicitó información adicional ni emitió ningún dictamen al respecto. Por lo tanto, la evaluación de los auditores de la UE es clara: la Comisión Europea no examinó adecuadamente si el restablecimiento de los controles en las fronteras interiores respetaba la legislación de Schengen.

La Comisión también se enfrentó a dificultades debido a las limitaciones del marco jurídico vigente para la supervisión de las restricciones de viaje relacionadas con el COVID-19. Aunque la responsabilidad de aplicar estas restricciones recae exclusivamente en los Estados miembros, el mandato de la Comisión Europea es facilitar un enfoque concertado para minimizar el impacto en los viajes transfronterizos dentro de la UE. A tal fin, se publicaron orientaciones, por lo general a su debido tiempo. Sin embargo, estas orientaciones relativas a los controles en las fronteras interiores no eran suficientemente prácticas o ejecutables, según los auditores.

La Comisión también puso en marcha iniciativas para coordinar las medidas que afectan a la libre circulación, una de las cuales es la plataforma «Re-open EU», puesta en marcha el 1 de junio de 2020 para apoyar la reapertura segura de los viajes y el turismo en toda Europa. Sin embargo, más de un año después, nueve Estados miembros (Alemania, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Rumanía, y Suecia) todavía no habían facilitado información actualizada. Del mismo modo, los esfuerzos de la Comisión para compensar la falta de una estructura de gobernanza de crisis mediante la creación del Grupo de Información sobre el Corona no dieron lugar a un enfoque coherente. Las restricciones de viaje impuestas durante la pandemia de COVID-19 siguen estando en gran medida descoordinadas, según los auditores de la UE, y la Comisión no ha podido impedir la creación de un mosaico de medidas individuales, que varía mucho de un Estado miembro a otro.