El gobierno de España tiene que actualizar la lista de paraísos fiscales siguiendo los principios de la Ley de lucha contra el Fraude Fiscal

Al menos estas 16 jurisdicciones, de las más agresivas fiscalmente, deberían estar incluidas en la lista española: Bermudas, Bahamas, Islas Caimán, Mauricio, Islas Vírgenes Británicas, Singapur, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Chipre, Jersey, Vanuatu, Turcos y Caicos, Anguila, Isla de Man, Países Bajos

Hoy, tras la reunión del Consejo de Competitividad, las y los ministros europeos han actualizado la lista de paraísos fiscales de la UE, sin añadir ningún país a la lista negra y agregando 10 territorios a la lista gris.

Esta última actualización de la lista europea mantiene las debilidades persistentes del proceso, desde su inicio. Los paraísos fiscales de dentro de la UE se quedan fuera, mientras da vía libre a las jurisdicciones que continúan promoviendo el secretismo, como Suiza y los EE.UU., así como a los países con tipos impositivos nulos sobre los beneficios empresariales, como las Islas Caimán. Mientras tanto, países en desarrollo, como Túnez y Vietnam, corren el riesgo de entrar en la lista negra por no cumplir con algunos de los estándares diseñados de forma muy vertical desde Bruselas.

En poco más de un año se han producido tres nuevas filtraciones: Open Lux (febrero de 2021), los Papeles de Pandora (en octubre de 2021) y, recientemente, los Swiss Secrets (febrero de 2022). “Una vez más, el papel de los periodistas de investigación toma la delantera para señalar las territorios y jurisdicciones fiscalmente más agresivos, y destacar la falta de coherencia o la insuficiente voluntad política” afirma Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón. 

Algunos de los paraísos fiscales más agresivos como Bahamas, Bermudas y las Islas Vírgenes Británicas han entrado ahora en la lista gris. Sin embargo, si no refuerzan los criterios podrán seguir operando como paraísos fiscales sin ninguna repercusión y lograrán salir fácilmente de dicha lista en la próxima revisión.

El proceso actual para elaborar esta lista de paraísos fiscales está lleno de lagunas, carece de credibilidad y no logra acabar con la evasión fiscal. “Ha llegado la hora de que la UE incluya automáticamente en la lista negra a los países con tipos impositivos bajos o nulos, y aplique a los países de la UE el mismo nivel de escrutinio que aplica a países terceros. La UE tampoco debería seguir usando la amenaza de la lista negra para obligar a los países en desarrollo como Nigeria y Kenia, a firmar el acuerdo de la OCDE y el G20 (BEPS), claramente injusto y perjudicial para ellos”, dice Ruiz.

La lista en España

A la espera del Informe del Comité de personas expertas designado por el Ministerio de Hacienda, y que debe abrir el debate ante la necesaria reforma fiscal en España, la lucha contra los paraísos fiscales resulta también clave en el contexto de nuestro país para conseguir una transformación justa tras estos dos años de pandemia.

El texto de la Ley de medidas de lucha contra el Fraude Fiscal aprobada en julio de 2021 marca un paso en la buena dirección al reconocer la necesidad de actualizar unos criterios y un listado totalmente obsoletos y al integrar los principios de equidad fiscal y de transparencia. Sin embargo, desde entonces esta ley apenas ha tenido desarrollo normativo.

 “El gobierno no puede escudarse en los tibios avances internacionales en el marco de la fiscalidad internacional (BEPS). Un tipo mínimo del 15% es poco ambicioso y no logrará los efectos esperados de frenar la fuga artificial de beneficios empresariales ni poner fin a la competencia fiscal desleal. Es más bien una concesión a países como Irlanda, Suiza o Singapur que han logrado rebajar el listón de este acuerdo global”, afirma Ruiz. En este contexto, Oxfam Intermón anima al gobierno español a que lidere el marco de transposición de este acuerdo global en el seno del debate europeo que ahora está en vigor, considerando la posibilidad de que cualquier país eleve ese mínimo efectivo por encima del 15%.

España: una revisión pendiente

El gobierno debe desarrollar normativamente los criterios considerados en la mencionada ley para elaborar una lista española de paraísos fiscales- o jurisdicciones no cooperativas- que sea revisada anualmente, con un marco de rendición de cuentas parlamentaria y sin injerencias políticas, basada en criterios concretos, específicos y contrastables.

Si el gobierno español aplicara de manera adecuada los elementos considerados en la Ley de lucha contra el Fraude Fiscal de julio del año pasado, la lista española debería incluir al menos estos 16 territorios: Bermudas, Bahamas, Islas Caimán, Mauricio, Islas Vírgenes Británicas, Singapur, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Malta, Chipre, Vanuatu, Jersey, Turcos y Caicos, Anguila, Isla de Man. Todos ellos presentan una baja o nula tributación empresarial, promueven regímenes preferenciales y prácticas fiscales agresivas y facilitan la creación de estructuras societarias sin sustancia económica real destinadas a canalizar inversión artificial con el objetivo de reducir su factura impositiva.

Si esta revisión se hiciera de manera estricta, la lista española de paraísos fiscales podría ser mucho más extensa e incorporar un total de 64 jurisdicciones o territorios que cumplen con alguno de estos criterios.

Beneficios para unos pocos

 “Quienes más se aprovechan de la falta de ambición política en la lucha contra los paraísos fiscales son las grandes fortunas y las grandes empresas. Una cuarta parte (48) de los doscientos hombres y mujeres más ricos de España utilizan sociedades en alguno de estos paraísos fiscales para canalizar su inversión en el exterior, siendo Holanda, Luxemburgo y Malta los territorios más frecuentemente utilizados”, subraya Ruiz. 

“De las 740 filiales de las empresas del Ibex35 contabilizadas en paraísos fiscales en 2019, Delaware es el primer destino (358), seguido por Holanda (98), Irlanda (69) y Luxemburgo (48)”, concluye Ruiz.

Aunque los Estados Unidos no aparecen en esta lista, la última filtración de los Pandora Papers ya reconocía que algunos Estados como Dakota del Sur o, de nuevo, Delaware han venido blindando sus legislaciones hasta convertirse en auténticos búnkeres que protegen a los ultra ricos, tal y como también reconocía el Parlamento Europeo en su moción del pasado 18 de octubre, aprobada por mayoría.