Aunque las cuentas de la UE relativas al ejercicio 2020 presentan «una imagen fiel» y se consideró que los ingresos estaban exentos de errores, los pagos siguen afectados por demasiados errores. Esta es la conclusión del Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) relativo al ejercicio 2020, publicado hoy. Los auditores han emitido una opinión desfavorable sobre los gastos por segundo año consecutivo. También han identificado riesgos y desafíos respecto de la ejecución y la buena gestión financiera de los fondos de la UE puestos a disposición en respuesta a la crisis del coronavirus.

Los auditores constatan que el nivel general de irregularidades en el gasto de la UE se ha mantenido estable, al 2,7 %, en 2020 (en 2019, 2,7 %). En 2020, se consideraba más de la mitad del gasto auditado (el 59 %) como gasto de alto riesgo, lo que supone un aumento con respecto a 2019 (53 %) y a ejercicios anteriores. Las normas y los criterios de subvencionabilidad que rigen este tipo de gasto son con frecuencia complejas, por lo que aumenta la probabilidad de error. El gasto de alto riesgo sigue afectado por errores materiales en un porcentaje estimado del 4,0 % (en 2019, 4,9 %). Por tanto, como en ejercicios anteriores, los auditores concluyen que el nivel de error en este tipo sustancial de gasto es generalizado, y emitieron una opinión desfavorable sobre el gasto de la UE con respecto a 2020.

En 2020 se notificaron seis casos de presunto fraude a raíz del trabajo de auditoría, número inferior al registrado en 2019, en el que se notificaron nueve casos. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha iniciado investigaciones en todos ellos.

«Teniendo en cuenta los grandes retos a los que nos enfrentamos, hemos de permanecer más atentos que nunca a la solvencia financiera de la UE», afirma Klaus-Heiner Lehne, Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo. «En los próximos siete años, el gasto de la UE será considerablemente superior al del anterior período de programación. Los 27 Estados miembros acordaron un programa de recuperación de la UE tras el COVID-19 que se financiará con la emisión de deuda pública. Esta decisión representa un cambio importante en las finanzas de la UE, que, obviamente, requerirá controles eficaces para comprobar cómo se gasta el dinero de la UE y si se obtienen los resultados previstos».

la respuesta de la UE a la pandemia de COVID-19 tendrá un gran impacto en las finanzas de la UE: para el período financiero 2021-2027, la asignación combinada de financiación del Instrumento Europeo de Recuperación y del marco financiero plurianual (MFP) será de 1,824 billones de euros, casi el doble del importe del gasto en el anterior período del MFP. Teniendo esto en cuenta, los auditores señalan el riesgo de que se retrase la ejecución de los fondos de gestión compartida en el período financiero 2021-2027; de hecho, en el período financiero 2014-2020, el inicio tardío ya afectó a la ejecución de los fondos.

El Tribunal señala que los Estados miembros han seguido absorbiendo los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) a un ritmo más lento del previsto. Hasta el final de 2020, el último de los siete años que abarca el actual presupuesto, solo se había desembolsado el 55 % de la financiación acordada de la UE para el período 2014-2020. A raíz de este hecho han aumentado los compromisos pendientes de liquidación, que alcanzaron los 303 200 millones de euros al final de 2020, lo que equivale a casi dos presupuestos anuales. Los auditores destacan que existen considerables diferencias entre Estados miembros. Finlandia, por ejemplo, había absorbido el 79 % de su asignación total al final de 2020, mientras que los tres Estados miembros con menor tasa de absorción (Italia, Croacia y España) solo habían absorbido alrededor del 45 % de sus importes comprometidos.

El 1 de febrero de 2020, el Reino Unido dejó de ser un Estado miembro de la UE. Los auditores señalan que, el 31 de diciembre de 2020, las cuentas de la UE reflejaban un importe adeudado por el Reino Unido de 47 500 millones de euros según las obligaciones mutuas establecidas en el acuerdo de retirada.