La transición a una economía climáticamente neutra requerirá inversiones públicas y privadas significativas, pero la UE no contribuye de manera suficiente a canalizar los fondos hacia actividades sostenibles. Esta es la conclusión de un informe especial publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) que pide medidas más sistemáticas por parte de la UE La Comisión Europea se ha centrado con acierto en aumentar la transparencia del mercado, pero los auditores critican la falta de medidas complementarias para hacer frente al coste social y medioambiental de las actividades económicas no sostenibles. Según el informe, la Comisión debe aplicar criterios coherentes para establecer la sostenibilidad de las inversiones con cargo al presupuesto de la UE y orientar mejor los esfuerzos encaminados a generar oportunidades de inversión sostenible.
«La acción de la UE en materia de finanzas sostenibles no será plenamente eficaz si no se adoptan medidas complementarias que tengan en cuenta los costes sociales y medioambientales de las actividades sostenibles», señala Eva Lindström, Miembro del Tribunal responsable del informe. «Las actividades no sostenibles son todavía demasiado rentables. La Comisión ha contribuido en gran medida a mostrar con transparencia esta falta de sostenibilidad, pero aún debe encontrarse una solución a este problema subyacente».
Los principales problemas son que el mercado no tiene en cuenta los efectos sociales y negativos de las actividades no sostenibles, y existe una falta general de transparencia sobre qué es sostenible. Los auditores afirman que en el plan de acción sobre finanzas sostenibles de 2018 de la Comisión se abordaban estas cuestiones, aunque solo parcialmente; muchas medidas sufrieron retrasos y requerían nuevas medidas para funcionar. Los auditores destacan la necesidad de aplicar íntegramente el plan de acción y señalan la importancia de completar el sistema común de clasificación de actividades sostenibles (la Taxonomía de la UE), que se basa en criterios científicos. También recomiendan otras medidas adicionales para garantizar que los precios de las emisiones de gases de efecto invernadero reflejen mejor sus costes medioambientales.
En el informe también se pone de relieve la importante función que desempeña el BEI en las finanzas sostenibles. En cuanto al apoyo financiero de la UE gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), los auditores constataron que la ayuda prestada por el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas no se centraba en las zonas donde la inversión sostenible era más necesaria, en particular, en Europa central y oriental. Por otro lado, solo se gastó una parte muy pequeña en la adaptación al cambio climático. Para cambiar esta situación, recomiendan que la Comisión desarrolle una cartera de proyectos en cooperación con los Estados miembros.
Por último, los auditores también constataron que el presupuesto de la UE no se ha atenido plenamente a las buenas prácticas en materia de finanzas sostenibles y carece de criterios coherentes y provistos de base científica para evitar un daño significativo al medio ambiente. Solo las inversiones de InvestEU evaluadas con arreglo a normas sociales y medioambientales son comparables a las utilizadas por el BEI. Esto genera el riesgo de que se pueda aplicar criterios incongruentes o de rigor insuficiente para determinar la sostenibilidad medioambiental y social de las mismas actividades financiadas por distintos programas de la UE, como el fondo de recuperación de la UE. Por otra parte, muchos criterios utilizados para controlar la contribución del presupuesto de la UE a la consecución de los objetivos climáticos no son tan estrictos ni se basan tanto en la ciencia como los desarrollados en la Taxonomía de la UE. Por tanto, los auditores recomiendan que el principio de «no causar un perjuicio significativo» debería aplicarse de manera sistemática en todo el presupuesto de la UE, como debería hacerse con los criterios de la Taxonomía de la UE.
Este informe de auditoría será de utilidad en la ejecución de la estrategia de 2021 para financiar la transición a una economía sostenible que publicó la Comisión a comienzos de julio.
