La Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha publicado hoy su Informe Mundial sobre la Inseguridad Alimentaria (SOFI), donde constata que el hambre sigue aumentando por quinto año consecutivo.

Según estimaciones de Naciones Unidas, alrededor de 811 millones de personas pasan hambre en el mundo, 161 millones más que en 2019. La inseguridad alimentaria ha aumentado más en un año que en los últimos 5 años.

3.000 millones de personas no tienen acceso a una dieta saludable, sobre todo por razones económicas. La crisis socioeconómica desatada por la pandemia se ha traducido en una crisis alimentaria.

Alrededor de 660 millones de personas podrían seguir pasando hambre en 2030 debido, en parte, a los efectos duraderos de la COVID-19, que se han sumado al impacto de los conflictos y la crisis climática. Se estima que los efectos de la pandemia pueden afectar en los próximos años a más de 30 millones de personas.

La Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha publicado hoy su Informe Mundial sobre la Inseguridad Alimentaria (SOFI), donde constata que el hambre sigue aumentando por quinto año consecutivo, con hasta 811 millones de personas en el mundo que se enfrentan al hambre.

Acción contra el Hambre pide a los gobiernos que tomen medidas para hacer frente a esta situación y se une a la petición de Naciones Unidas para dar prioridad a la agricultura resiliente que protege el medio ambiente y fortalece los sistemas alimentarios locales; además de tomar urgentemente medidas para prevenir las crisis alimentarias y frenar el aumento del número de personas que pasan hambre.

El nuevo informe de la ONU demuestra, una vez más, que el hambre erosiona las capacidades de las poblaciones más vulnerables, generando exclusión y llevando a un retroceso en cuanto a los avances conseguidos. La inseguridad alimentaria, ya en aumento desde 2014, se ha disparado en el último año.

Además, los conflictos siguen haciendo estragos y son una de las principales causas de desnutrición e inseguridad alimentaria. Por ejemplo, las Naciones Unidas consideran que Burkina Faso, Yemen, Nigeria, Sudán del Sur y Etiopía son países con riesgo de hambruna. Las poblaciones que viven en estas zonas ven violados sus derechos regularmente. Acción contra el Hambre recuerda que, en estas situaciones de conflicto, las poblaciones deben tener acceso a la ayuda humanitaria. La capacidad de los agentes humanitarios para acceder a las zonas de conflicto y responder a las necesidades de las poblaciones no debe verse obstaculizada por restricciones administrativas o de seguridad (ataques, denegación de acceso, sanciones internacionales, medidas antiterroristas, etc.).

Acción contra el Hambre, que opera en casi 50 países del mundo, ha sido testigo del deterioro de la seguridad alimentaria de las poblaciones sobre el terreno. Con la pandemia de la Covid-19, los sistemas alimentarios de todo el mundo han sufrido un fuerte impacto. Las medidas de contención necesarias para proteger a la población han provocado la pérdida de cosechas y de ingresos y han sumido a millones de personas en la precariedad.

“El impacto en las cadenas de aprovisionamiento se ha traducido en un aumento de los precios en muchos países. Además, la desaceleración económica ha llevado a muchas familias a perder sus ingresos. En países donde los sistemas de protección social frágiles se han visto desbordados sin capacidad de asumir la carga de vulnerabilidad dejando a familias sin otras estrategias que la adaptación de su patrón de consumo de alimentos”, explica Amador Gómez, director de Investigación, Desarrollo e Innovación en Acción contra el Hambre.

"Tenemos que abordar los factores que causan la inseguridad alimentaria, como la crisis climática, los conflictos o las desigualdades económicas. Aunque, por supuesto, es necesario apoyar a las víctimas de estas crisis alimentarias con la mayor rapidez y cercanía posible para evitar muertes y aliviar el sufrimiento quienes enfrentan este problema. Las lecciones que hay que aprender de la pandemia son claras: la agricultura resiliente y los sistemas alimentarios locales deben estar en el centro de una transformación sostenible y justa", afirma Luis González, director de Ingeniería Técnica y Acción Social de Acción contra el Hambre.

El informe esboza una serie de vías hacia las que dirigir las acciones y políticas encaminadas a contrarrestar los factores que inciden en el hambre y la desnutrición, como la inclusión de medidas de protección social para evitar que las familias vendan sus escasos bienes a cambio de alimentos, lo que tiene una relación directa con la seguridad alimentaria como factor de consolidación de paz.

Junto a ello, se insiste en la necesidad de aumentar la resiliencia climática en todos los sistemas alimentarios. Desde Acción contra el Hambre se desarrolla esta línea de trabajo, ofreciendo a los pequeños agricultores técnicas agrícolas de conservación de sus recursos como son el suelo, agua, vegetación, etc., para reforzar su capacidad de adaptación frente al cambio climático.

Además, el informe pone de manifiesto la necesidad de reforzar la resiliencia de las poblaciones más vulnerables frente a las adversidades económicas mediante programas de apoyo en especie o en efectivo para reducir el impacto de la crisis socioeconómica en relación con la volatilidad de los precios de los alimentos. Por último, queda patente la importancia de las cadenas de suministro para reducir el coste de los alimentos nutritivos a la vez que se incide en el cambio de comportamiento de las y los consumidores.

La primera Cumbre de la ONU sobre Sistemas Alimentarios tendrá lugar en septiembre de 2021 en donde se abordará el papel esencial de la agroecología campesina para hacer frente a los retos sociales, alimentarios y medioambientales frente a otro tipo de agriculturas industriales.