El Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) ha examinado la respuesta inicial de la UE a la crisis de COVID-19 y señala algunos desafíos a los que se enfrenta la UE en su apoyo a las acciones de salud pública de los Estados miembros. Entre ellos cabe mencionar el establecimiento de un marco adecuado para las amenazas transfronterizas para la salud, la facilitación del suministro de material adecuado en situaciones de crisis y el apoyo al desarrollo de vacunas.

Las competencias de la UE son limitadas en el ámbito de la salud pública. Su función consiste principalmente en apoyar la coordinación de las acciones de los Estados miembros (a través del Comité de Seguridad Sanitaria), facilitar la contratación pública de material médico (mediante la creación de contratos marco de adquisición conjunta) y recopilar información / realizar evaluaciones de riesgos a través del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la UE emprendió nuevas acciones para abordar cuestiones urgentes, facilitando el suministro de material médico y el intercambio de información entre Estados miembros, así como la promoción de la realización de pruebas y la investigación sobre tratamientos y vacunas. Hasta el 30 de junio de 2020, había asignado el 3 % de su presupuesto anual al apoyo de medidas relativas a la salud pública.

«Para la UE supuso un desafío complementar rápidamente las medidas adoptadas en el marco de su mandato formal y apoyar la respuesta de la sanidad pública a la crisis de COVID-19», ha declarado Joëlle Elvinger, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del análisis. «Todavía es prematuro auditar las medidas en curso o evaluar el impacto de las iniciativas de la UE en materia de salud pública relacionadas con el COVID-19, pero estas experiencias pueden ofrecer enseñanzas para toda reforma futura de las competencias de la UE en este ámbito».

En un informe de auditoría de 2016, los auditores ya habían señalado insuficiencias en el uso del marco jurídico de 2013 de la UE para combatir amenazas transfronterizas graves para la salud. Ha quedado demostrado que persisten algunos problemas, como los planes de preparación.

Para el ECDC resultó complicado gestionar la puntualidad, la calidad y la integridad de la información recibida de los Estados miembros, cuyas estrategias dispares de vigilancia y de realización de pruebas dificultan las comparaciones y las evaluaciones. El ECDC ha advertido de que todavía hay mucho trabajo por hacer con el objeto de establecer y fortalecer una vigilancia firme del COVID-19 basada en la población.

Una prueba clave para los Estados miembros en la lucha contra la pandemia era garantizar el suministro de suficiente material médico. La Comisión Europea adoptó varias medidas para ayudar a los Estados miembros a afrontar este desafío, entre otras, la introducción de un régimen de licencias de exportación, la creación de una reserva estratégica de material médico y equipos de protección individual financiada por la UE, y el establecimiento de un sistema en línea de puesta en contacto para la adquisición de material médico. La Comisión también celebró contratos marco de adquisición conjunta de material médico. Sin embargo, los Estados miembros adquirieron la gran mayoría de sus productos médicos a través de canales de contratación pública a nivel nacional.

El presupuesto de la UE apoyó una serie de medidas como la investigación sobre el COVID-19 y los acuerdos de adquisición anticipada de vacunas. A mediados de 2020, la UE asignó específicamente 4 500 millones de euros a medidas relativas a la salud pública y amplió el conjunto de gastos admisibles a efectos de los fondos de cohesión con objeto de cubrir los gastos de sanidad pública relativos al COVID-19. El 30 de junio de 2020, el uso de estos fondos se encontraba en una fase temprana.

Hasta junio de 2020 se asignaron 547 millones de euros del presupuesto de la UE a la investigación sobre el desarrollo de pruebas, tratamientos y vacunas contra el COVID-19. En el primer semestre de 2020, la Comisión también asignó 1 500 millones de euros para financiar acuerdos de adquisición anticipada con varios desarrolladores de vacunas contra el COVID-19. Para mitigar el riesgo inherente vinculado al desarrollo de vacunas, la estrategia de la Comisión se centró en invertir en distintas empresas y tecnologías de vacunación. La estrategia incluía la financiación de investigación sobre la reticencia a la vacunación y la lucha contra la desinformación, que pueden socavar el éxito de campañas de inmunización masiva.