La Comisión Europea dispone de la capacidad jurídica y los recursos para controlar las ayudas estatales a las instituciones financieras. Sin embargo, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, no siempre ha podido hacer un uso pleno de ellos. De 2013 a 2018, existieron insuficiencias tanto en la evaluación de la compatibilidad como en la supervisión del rendimiento. Además, aunque las normas de control sobre ayudas estatales eran por lo general claras y directas, no se habían modificado desde 2013, pese a que el contexto era muy diferente. Por consiguiente, los auditores solicitan una nueva evaluación de las normas vigentes.

En general, el Derecho de la UE prohíbe las ayudas financieras públicas. No obstante, tras la crisis financiera de 2007‑2008, hubo un auge sin precedentes de las ayudas estatales a las instituciones financieras, ya que se consideraban necesarias para limitar la amenaza que los bancos planteaban a la estabilidad financiera. Desde entonces, la UE ha introducido grandes reformas en su marco para el sector financiero, con el objetivo de hacer innecesarios los futuros rescates a los bancos. No obstante, todavía hay casos en que los bancos reciben dinero de los contribuyentes. Compete a la Comisión evaluar la compatibilidad de estas medidas con el mercado interior de la UE. Los auditores examinaron si, desde la adopción de la nueva Comunicación Bancaria en agosto de 2013 hasta el final de 2018, el control de la Comisión había sido adecuado para garantizar que las ayudas estatales siguieran siendo excepcionales y se limitaran al mínimo necesario, como se exige en los Tratados de la UE.

«En comparación con las secuelas de la crisis financiera de 2007‑2008, las circunstancias han cambiado claramente, incluso teniendo en cuenta la crisis del COVID-19 que se está produciendo. El marco reglamentario se ha reforzado mucho, por lo que los bancos son ahora más resilientes y dependen menos del apoyo de los contribuyentes. Mientras tanto, existe el objetivo reconocido de lograr un sector bancario más integrado en la UE», señala Mihails Kozlovs, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. «Así pues, invitamos a la Comisión a considerar la racionalización de las ayudas estatales al sector financiero, tanto en lo que respecta a las normas como a las prácticas».

En general, los auditores reconocen que la UE ha desarrollado medios y facultades adecuados para el control eficiente de las ayudas estatales a los bancos. La Comisión asignó los recursos y conocimientos necesarios y estableció un marco ético sólido. También organizó los procesos pertinentes y sus actividades de tramitación de casos se ajustaban en general a las normas. Sin embargo, los procedimientos fueron largos en ocasiones y no siempre totalmente transparentes, debido principalmente a un recurso extensivo a los contactos informales previos a la notificación.

Los auditores consideran en general que las normas para el control de las ayudas estatales al sector financiero estaban bien redactadas y eran claras. Los Tratados de la UE permiten la ayuda pública a los bancos con carácter excepcional para subsanar graves perturbaciones en la economía de un Estado miembro. Sin embargo, como observan los auditores, las normas de la UE no son suficientemente explícitas sobre este aspecto ni definen el concepto de graves perturbaciones. También observaron que la Comisión no cuestionó las declaraciones de los Estados miembros de que existía una amenaza para la estabilidad financiera en casos concretos. Por otra parte, la Comisión requirió medidas destinadas a limitar la distorsión de la competencia, pero no analizó los efectos reales de cada medida en la competencia. Los indicadores de resultados de la Comisión tampoco se adecuaban por completo a su finalidad, ya que no siempre reflejaban su trabajo, sino factores externos que escapaban a su control.

Por último, los auditores lamentan que, desde 2013, la Comisión no hubiera evaluado adecuadamente sus normas de crisis. Por consiguiente, las normas se mantuvieron sin cambios a pesar de la revisión del marco reglamentario (incluido el hecho de que la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias haya restringido las posibilidades de conceder ayuda a los bancos sin desencadenar procedimientos de insolvencia) y de la mejora considerable del clima económico y financiero (anterior al COVID-19). Existe, por lo tanto, el riesgo de que las normas actuales de la UE ya no se ajusten a las realidades de mercado, según advierten los auditores.

A la luz de las consideraciones expuestas y a fin de racionalizar el control de la UE de las ayudas estatales al sector financiero, los auditores solicitan a la Comisión Europea que:

• evalúe antes del final de 2023 si las normas vigentes siguen siendo apropiadas y las modifique en caso necesario;
• continúe mejorando la conformidad con los procesos internos y las buenas prácticas;
• mejore su medición del rendimiento.