Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, resulta casi imposible evaluar cómo contribuye la UE al esfuerzo de los Estados miembros por reducir la pobreza infantil. Los instrumentos de la UE no son jurídicamente vinculantes, por lo que su fuerza y pertinencia son limitadas, mientras que otros mecanismos más potentes, como el Semestre Europeo o las ayudas con cargo a los fondos de la UE, rara vez abordan la pobreza infantil de manera específica. Por tanto, según los auditores, es difícil determinar si la acción de la UE contribuye eficazmente a los esfuerzos por atender este importante problema.

En la UE, casi uno de cada cuatro niños se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Sin embargo, los estudios demuestran que los beneficios económicos de invertir en la infancia superan considerablemente los costes financieros iniciales. La lucha contra la pobreza infantil en la UE es competencia de cada Estado miembro. El papel de la Comisión Europea es apoyar y complementar las acciones nacionales contra la pobreza infantil mediante instrumentos jurídicos y financieros. Los auditores buscaban evaluar si la acción de la UE ha contribuido eficazmente con dichos instrumentos al esfuerzo de los Estados miembros.

«La pobreza infantil es todavía un grave problema en la UE que impide la consecución de una sociedad justa, sostenible e integradora. Por desgracia, es probable que, a raíz de la actual crisis de COVID-19, aumente todavía más la prevalencia de la pobreza infantil», afirma Tony Murphy, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. «Por tanto, es imperativo que la financiación y las iniciativas políticas de la UE de lucha contra la pobreza infantil estén basadas en información fiable para lograr una reducción del nivel de pobreza de la UE».

Los auditores consideran que la Recomendación de la Comisión de 2013 «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas» era una iniciativa positiva de la UE para combatir la pobreza infantil de manera integrada. Sin embargo, debido a la ausencia de objetivos finales e intermedios mensurables, es imposible evaluar si se han aplicado debidamente. Los auditores concluyen que la Recomendación solo ha tenido un impacto mínimo en las políticas nacionales de los Estados miembros.

El pilar europeo de derechos sociales de 2017 es otro instrumento no vinculante del que se dispone para luchar contra la pobreza infantil. Los auditores reconocen que con este instrumento se ha aumentado la conciencia de las políticas sociales en la UE, y acogen favorablemente el plan de acción propuesto del pilar europeo de derechos sociales (2021); observan que su ejecución será crucial para facilitar una visión general de los avances en la aplicación de los principios del pilar europeo de derechos sociales.

La lucha contra la pobreza y la exclusión social es parte integrante de la estrategia Europa 2020, que fija el objetivo de conseguir que, al menos, 20 millones de personas salgan de la pobreza de aquí a 2020. Los auditores indican que los avances en el logro de este objetivo han sido limitados y es poco probable que se consiga. El Semestre Europeo coordina esfuerzos nacionales para lograr los objetivos estratégicos, principalmente con la emisión de recomendaciones específicas por país (REP) a los Estados miembros sobre cuestiones clave de carácter económico y social. Sin embargo, como constataron los auditores, las REP rara vez abordan la pobreza infantil de manera explícita.

Por último, los auditores hacen hincapié en el hecho de que los niños que viven en la pobreza no son un grupo objetivo explícito para la ayuda de la UE. Se desconoce la financiación asignada directamente a la lucha contra la pobreza infantil y lo que se ha logrado en este ámbito. De cara al futuro, los auditores advierten de que, debido a esta falta de información, existe el riesgo de que no puedan adoptarse las medidas apropiadas cuando se conciba la futura Garantía Infantil Europea u otras iniciativas políticas.

Con el fin de contribuir a las futuras iniciativas de la UE para el nuevo período de programación, los auditores recomiendan que la Comisión Europea:

• introduzca acciones y objetivos para luchar contra la pobreza infantil en su plan de acción para el pilar europeo de derechos sociales;
• garantice una orientación interna clara para identificar situaciones que pudieran dar lugar a una posible REP directamente relacionada con la pobreza infantil;
• oriente y supervise la inversión para combatir la pobreza infantil en el período de programación 2021‑2027;
• garantice que exista evidencia suficiente y fiable que sustente la próxima iniciativa política de la Garantía Infantil Europea.